La disputa por el recorte al apoyo para estancias infantiles se extendió a la Cámara de Diputados, donde la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez, Rosalba Valencia (Morena), acusó a Anilú Ingram Vallines, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de encabezar, cuando fue delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Veracruz, la red de corrupción en la entidad.

Se están integrando cuatro carpetas de investigación, pero les puedo proporcionar un nombre, y es ahorita compañera diputada federal: Anilú Ingram. Ella es una de las implicadas en esta red de corrupción, declaró Valencia, ex directora de finanzas del sindicato magisterial en la entidad.

En respuesta, la diputada priísta exigió pruebas: Yo sí tengo las mías. Es muy grave esta acusación y quien acusa está obligado a probar.

Refirió que durante su administración incluso se dio de baja a 16 estancias infantiles fuera de la norma. Si Morena no quiere apoyar a los niños y a las niñas, que hablen claro y de frente y no acusen de manera infundada por una acción que ellos no quieren apoyar. ¿Por qué: porque los niños no votan? ¿Por eso no quieren apoyar a las estancias infantiles?, aseveró.

Recordó que en Veracruz se ha publicado que su prima hermana, Susana Vallines, abrió la estancia infantil Ulúa, en Boca del Río, pero aseguró que su familiar no es propietaria de ese espacio, sino que únicamente es maestra.

Están difamándonos, y sí les digo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias si se continúa con estos señalamientos, agregó en conferencia de prensa.

Se solicitarán amparos en los estados

Antes, diputadas del PRI y los partidos Acción Nacional (PAN), y de la Revolución Democrática informaron que en los estados se presentarán amparos contra la decisión presidencial del recorte a las estancias. Cecilia Patrón (PAN) sostuvo que no sólo los legisladores interpondrán esos recursos, sino también se asesorará a los padres de los niños para que lo hagan de manera individual.

En otra conferencia de medios, diputados de Morena señalaron que al entregar el subsidio directamente a los padres se abre un abanico de opciones para que decidan si envían a sus hijos a estancias o, como sugirió el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, los dejan con sus abuelos.

Marco González defendió la postura del funcionario con el argumento de que no podemos demeritar la función de los abuelos como criadores.

Graciela Sánchez Ortiz afirmó que las estancias imponían cuotas adicionales a los padres: Nadie lo hacía por amor al prójimo; lo hacían por amor al dinero y se les acabó que el gobierno les ayude a sobrevivir.