Desde la administración pasada, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) se comprometió con su homóloga de Brasil a no ejercer ninguna acción penal, civil o administrativa en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht a cambio de que le entregara información sobre las pesquisas.

Contrario a lo que se dijo en el sexenio de Enrique Peña Nieto de que no habría ningún acuerdo reparatorio o legal, el entonces procurador Raúl Cervantes lo suscribió y después lo ratificó.

El 13 de agosto de 2017, la PGR dio a conocer los avances del caso Odebrecht y enfatizó que representantes de las empresas brasileñas ofrecieron un acuerdo reparatorio, mismo que no fue aceptado y que bajo ningún supuesto inhibirá el sancionar administrativa y penalmente a los ex funcionarios o funcionarios públicos involucrados.

No obstante, ayer la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el 16 de febrero de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes Andrade estuvo en una reunión con procuradores de Latinoamérica, misma en la que se suscribió un convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht.

El convenio fue ratificado por México el 16 de febrero y dos veces más el 14 de junio de 2017.

En la investigación FED/SEIDF/CGICDMX/117/2017 que tiene la fiscalía por presuntos actos de soborno, estaría supuestamente involucrado el ex director de Pemex Emilio Lozoya, luego de que Odebrecht habría entregado cohechos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014 a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Respeto al debido proceso

Con la finalidad de respetar el debido proceso, la Fiscalía General de la República no hará pública la investigación por el caso de corrupción Odebrecht en la que supuestamente estaría involucrado el ex director de Pemex.

Ayer, la FGR dio a conocer que el 29 de enero el juez tercero de distrito en materia administrativa en Ciudad de México concedió una suspensión definitiva para que no se proporcione la información, como lo había indicado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai).

A partir del 8 de octubre de 2018, el Ministerio Público Federal (MPF)recibió 11 solicitudes de acceso a la información, en 10 de las cuales determinó la reserva por tratarse de datos de la investigación protegidos, y en un caso sí se proporcionó la información porque se trataba de datos estadísticos.

De las 10 reservadas, en tres hubo resoluciones del Inai a los recursos de revisión que interpuso el solicitante, que no es posible obsequiar por las reservas legales señaladas, razón por la cual el agente del Ministerio Público de la Federación promovió juicio de amparo, indicó la dependencia.

En su resolución del 29 de enero, el juez concedió la suspensión definitiva para que la FGR no haga pública la información solicitada y para que los comisionados del Inai se abstengan de exigir el cumplimiento de la resolución del 2 de octubre de 2018.

Casi lista, la red de transferencias en Suiza

De acuerdo con la información que dio a conocer la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, la próxima semana tendrá la lista de transferencias que se hicieron a bancos de Suiza.

La FGR –que encabeza Alejandro Gertz Manero– explicó que entre mayo y septiembre de 2018 recibió información financiera de Suiza y se espera que en dos semanas y media estará completamente traducida; además, en enero solicitó el dictamen en materia de contabilidad.

Precisó que el 7 de enero de 2019, en virtud de haberse recibido más información financiera procedente de Suiza, se solicitó al Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia la red de vínculos respecto de transferencias, depósitos y personas involucradas en los hechos investigados, con los cuales se contará la próxima semana.