La posición de neutralidad de la diplomacia mexicana frente a la autoproclamación del asambleísta venezolano Juan Guaidó como presidente de su país generó una preocupación infundada en organismos internacionales, al grado que representantes de los altos comisionados para Refugiados (Acnur) y de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se acercaron a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) para externar sus inquietudes, señaló el coordinador general de esa instancia, Andrés Ramírez Silva.

El funcionario les aseguró que México seguirá siendo un país abierto a los refugiados; más ahora, con el nuevo gobierno y la determinación de recuperar los principios históricos de dar protección a quienes lo necesiten.

En entrevista, Ramírez Silva aseguró que este gobierno seguirá otorgando refugio a los ciudadanos procedentes de Venezuela que lo soliciten. El refugio es un tema que no debe politizarse. Más aun, los casos de los venezolanos se resuelven bajo los criterios de la Declaración de Cartagena, de 2014, que son mucho más amplios, ágiles e inclusivos que los que amparan al éxodo procedente de Centroamérica. Su tasa de aceptación es la más alta.

Por otra parte, a los solicitantes de Honduras y otros países centroamericanos se les aplican criterios más restrictivos y esto, de hecho, es discriminatorio. Lo estamos revisando para ajustar también las solicitudes de este origen a los requisitos que hoy aplican a los venezolanos.

Según la estadística, la llegada de refugiados venezolanos a México se disparó en 2017, con 4 mil 37 entradas, casi lo mismo que los hondureños (4 mil 274); al año siguiente el éxodo hondureño casi se duplicó, pero el venezolano también siguió al alza (4 mil 249). El año pasado fueron 6 mil 386 solicitantes venezolanos (mientras que hubo 13 mil 613 hondureños y 6 mil 635 salvadoreños). En enero de este año ya se presentaron otras 667 peticiones de venezolanos, apenas ocho menos que las procedentes de El Salvador.

Del abandono a la recuperación de una política de solidaridad

En los dos meses pasados, con los nombramientos en el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comar, así como la aportación de la cancillería al Pacto Mundial de las Migraciones en su reciente reunión de Marrakech, México busca distanciarse del abandono de una política migratoria y de refugio que caracterizó los pasados sexenios. Los gobiernos anteriores dejaron de interesarse por tener un liderazgo en la región en todos los aspectos. Para recuperarlo, tenemos que actuar con consistencia. Ejercer una política de derechos humanos es aplicar una política moderna. Se tiene que entender la importancia estratégica que tiene el país en el ámbito internacional, explica el funcionario, quien fue actor de primera línea en las décadas 80 y 90 del siglo pasado, cuando México abrió sus puertas a las corrientes de refugiados centroamericanos.

En esta línea, la Comar presentó la candidatura de México como primer presidente pro-tempore para el Marco Integral Regulador de Protección y Soluciones (Mirps), que es la respuesta mesoamericana para el Pacto Mundial de Migraciones de la ONU y que hasta ahora era administrado por la OEA y el Acnur. El 28 de enero, en la elección interna (el Mirps integra, además de México, a Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica y Panamá), México salió electo.

Pero lo que realmente fue el bautizo de fuego de la nueva política migratoria fue el ingreso de la caravana de migrantes centroamericanos que llegaron por el río Suchiate a mediados de enero. Ramírez Silva insiste en que la respuesta del gobierno fue totalmente diferente a la que, aun bajo el mando de Enrique Peña Nieto, se dio en octubre del año pasado a la primera caravana de esta naturaleza (más de 10 mil personas en un solo movimiento).

En octubre-noviembre se cometieron muchos errores. La presencia de Policía Federal y gases lacrimógenos en el momento de entrar, el hostigamiento y el maltrato a lo largo de la travesía, pero sobre todo el haber confundido el recurso del refugio con un mecanismo de regulación migratoria provocó una situación caótica. Entre otras cosas, casi llevó a la Comar al colapso, al recibir una avalancha de más de 4 mil solicitudes de refugio en muy breve lapso. Se desnaturalizó la figura del refugio, se le quiso convertir en una agencia de empleo. Y de esas 4 mil peticiones, la mayoría abandonó el proceso antes de tiempo, porque en realidad sólo una minoría buscaba la protección de México; la mayoría quieren asilo en Estados Unidos.

Lo que sí ocurrió, agrega, es que fue una llamada de atención sobre los nuevos desafíos que representa el crecimiento de los flujos migratorios para México. La proyección de la Comar es que México recibirá en 2019 alrededor de 47 mil solicitudes de refugio.

Ya para el ingreso de la caravana de enero, la respuesta fue distinta. El INM tramitó y entregó más de 12 mil tarjetas de visitante por razones humanitarias, que permiten trabajar legalmente por un año en territorio nacional. En otra mesa de Comar se recibieron cerca de 400 solicitudes de refugio, que se suman a las 3 mil 940 que a esta fecha están en trámite.