Súbela; ésta habla porque habla. Esa fue la sentencia con la que se inició su suplicio. La obligaron a desnudarse y la sentaron en un banco. Nerviosa, Nancy Saavedra no tenía idea de lo que seguía. Le achacaban haber robado una cartera a dos mujeres en la Central de Abasto de Ecatepec, estado de México, lo cual –asegura– es falso.

Policías del Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (Cusaem) la condujeron al módulo de la corporación en ese centro de abasto. Le impidieron defenderse, ni siquiera podía hablar. Ante su constante rechazo al delito que le imputaban, el jefe policiaco pidió a sus subordinados que la subieran a un segundo nivel. Ahí vino el tormento.

Uniformados, hombres y mujeres, arremetieron en su contra: golpes y patadas en todo el cuerpo, toques eléctricos, jalones de cabello. Todo sucedió el 8 de julio de 2018. Los policías la torturaron –como acreditó el médico Sergio Rivera Cruz, destacado perito independiente que ha colaborado, entre otros espacios, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– hasta que ella y su familia aceptaron pagar 2 mil persos de extorsión a cambio de su libertad.

Los elementos policiacos no se apegaron a derecho, señaló la abogada Verónica Berber, de la organización civil Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, quien acompaña a la víctima, pues no fue presentada ante el Ministerio Público. Ante las agresiones en su contra, y pese a que la amenazaron para que no denunciara, Saavedra presentó una querella que fue turnada a la fiscalía especializada contra actos de corrupción, donde se abrió una investigación por abuso de autoridad, pese a haber sufrido tortura.

En conferencia, Berber informó que su representada ha sido amenazada e incluso el agente del Ministerio Público que lleva el caso, Jorge Armando Vázquez Castelán, envió un oficio donde le advierte que la sancionará con una multa en caso de no aceptar someterse a un peritaje médico en la fiscalía estatal, a lo que se ha negado, pues ya presentaron el análisis independiente, mismo que las autoridades no quieren reconocer. Ante ello, solicitaron un amparo, que acaban de ganar, por lo que el representante ministerial tendrá que desistirse de esa infracción.