Cuernavaca, Mor., El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala acordó ampararse ante un juzgado federal contra la consulta pública a la que convocó el presidente Andrés Manuel López Obrador para los días 23 y 24 de febrero en todo el estado de Morelos, además de 15 municipios de Tlaxcala y nueve de Puebla, con el objetivo de decidir si se continúa el Proyecto Integral Morelos (PIM), que incluye dos termoeléctricas, un gasoducto y un acueducto en las tres entidades.

Así lo informaron Juan Carlos Flores Solís, integrante del frente, y Juan Jiménez Escobar, comunero del municipio de Miacatlán, quienes rechazaron en particular la puesta en operación de una de las dos termoeléctricas que ya construyó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la comunidad indígena de Huexca, municipio de Yecapixtla.

La consulta, dijeron, viola el principio de autodeterminación de los pueblos y es una política de imposición que trata de suplantar la decisión de los habitantes de las comunidades sobre su territorio.

Ambos mencionaron que la consulta no será imparcial, pues el Presidente ya se manifestó por el sí y, además, no se compara ni es equitativo el número de habitantes de Cuernavaca con la de Huexca, ya que esa localidad tiene unos 900, mientras que la capital rebasa los 400 mil.

“El Presidente dice que ‘la termo sí va’, pero nosotros decimos que no. Además esta consulta ya está impugnada por los verdaderos afectados por los riesgos que traerá la operación del gasoducto en las inmediaciones del volcán Popocatépetl”, dijo el también opositor de los trabajos de minería en Morelos.

Flores Solís afirmó que el amparo ya se está integrando y, según él, sí será procedente, porque “esta consulta ciudadana está suplantando la decisión de los pueblos sobre su territorio. Por todos lados se viola el derecho a la consulta indígena de los pueblos afectados no sólo por la termoeléctrica, sino también por el gasoducto y el acueducto.

Los proyectos no cumplen con los estándares de la consulta indígena, expresó Flores Solís, quien estuvo encarcelado 10 meses en Tlaxcala por oponerse a este proyecto de la CFE mediante las empresas españolas Elecnor, Abengoa, Enagas y Bonatti. Según los miembros del frente, quienes deben decidir la viabilidad de las obras son los propios pobladores de Huexca, donde ya se construyó una y se pretende edificar la otra termoeléctrica y los pueblos por donde pasará el gasoducto y el acueducto.

La consulta debe hacerse en los pueblos involucrados y nadie más debe participar. De lo contrario se violaría el principio de autodeterminación, recalcó Flores Solís.

La consulta es violatoria de todos los preceptos legales incluidos en la Constitución política de México y en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Jiménez Escobar pidió al Presidente reconsiderar su postura porque, dijo, este proyecto será la punta de lanza para acabar con el estado agrario de Morelos, con la tierra de Zapata, y convertirlo en una tierra muerta, industrial y llena de minas y habitantes enfermos de cáncer, diabetes e hipertensión arterial, como pasa en los estados que han sido obligados a aceptar megaproyectos industriales y mineros.