Madrid. Es un proceso contra la disidencia política, una farsa en la que se han vulnerado todos los derechos que otorga la Constitución y en el cual los imputados han sido tratados peor que terroristas, fueron algunos de los alegatos que presentaron los defensores de los 12 independentistas catalanes que serán juzgados en el Tribunal Supremo español por los delitos de rebelión, malversación de fondos públicos y desobediencia.

El juicio empezó con algunos incidentes en Cataluña, sobre todo bloqueos de calles y carreteras de Barcelona, además de ataques a las sedes de partidos políticos unionistas por parte de grupos independentistas radicales.

La sede del Tribunal Supremo es el escenario del juicio que marcará un antes y un después en la política española y en la relación del Estado con Cataluña, una comunidad autónoma con estatuto propio, pero que aspira a convertirse en una república independiente.

Los 12 imputados –nueve de ellos en prisión desde noviembre de 2017– llegaron a la sede judicial en vehículos de la Guardia Civil, rodeados de un fuerte dispositivo de seguridad.

En las calles aledañas había un pequeño grupo de independentistas catalanes (unos 60 aproximadamente) que se concentraron detrás de una pancarta en que se leía: Decidir no es delito. Iban encabezados por el presidente catalán, Quim Torra, y por el presidente del Parlamento regional, Roger Torrent, ambos separatistas. Mientras, en Barcelona, los autodenominados Comités de Defensa de la República habían bloqueado calles y carreteras y habían atacado sedes del Partido Socialista de Cataluña.

En el banquillo de los acusados se sientan el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras; la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell; ocho ex consejeros y los líderes civiles independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que podrían ser condenados a penas hasta de 40 años de cárcel.

La primera sesión del juicio se centró en las cuestiones previas, que sirven para que cada uno de los abogados defensores exponga sus argumentos y sus peticiones concretas, en las que hubo desde una enmienda general al conjunto del proceso –que todos ellos tildaron de causa general y hasta de farsa– hasta peticiones más específicas, como que se declare la libertad provisional –que ya ha sido rechazada en varias ocasiones– o el horario de las sesiones, al considerar que sus defendidos tendrían que levantarse muy temprano para acudir desde las prisiones donde se encuentran hasta la sede judicial, trayecto que lleva poco menos de una hora.

El primero en intervenir, y quizás el más severo con el alto tribunal y con el conjunto de la justicia española, fue el abogado defensor de Junqueras, Andre van den Eynde, quien acusó a los magistrados de vulnerar todos los derechos de la Constitución española y de tratar a su defendido y a sus compañeros de causa peor que a terroristas. Además, advirtió que los derechos políticos son los que te convierten en ciudadano. Cuando te privan de esos derechos estamos yendo al terreno del enemigo, del que no puede opinar, no puede votar.

También señalaron a cuatro magistrados de no poder formar parte de este juicio por una supuesta incompatibilidad, pero esta cuestión ya se resolvió en favor de los jueces.

Javier Melero, abogado de Joaquim Torra, quien era consejero (ministro) del Interior cuando se hizo la declaración unilateral de independencia, advirtió: estamos en un juicio penal, en el que la única prueba que existe contra mi cliente es nada más y nada menos que los informes policiales elaborados por la Guardia Civil. Eliminados estos reportes, poca cosa más nos queda. En términos similares se expresaron el resto de los abogados, que también alegaron una trama política y una vulneración sistemática a los derechos de sus representados.

El presupuesto

Mientras, en el Congreso de los Diputados se celebraba el debate de los presupuestos generales, que definirán el futuro inmediato del país. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tiene muy difícil la aprobación de las cuentas públicas en la votación de este miércoles, al contar únicamente con el respaldo de su propio grupo, el Partido Socialista Obrero Español, Unidos Podemos y el Partido Nacionalista Vasco, que serán insuficientes, sobre todo por la presentación de enmiendas de los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, que condicionaron su respaldo al presupuesto a que se autorice la celebración de un referendo de autodeterminación. En este escenario se prevé que el presidente Sánchez tenga que adelantar las elecciones generales, que supondría la disolución de las cortas y una previsible cita con las urnas para el 14 o 28 de abril.