La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigió al Estado mexicano un informe de fondo sobre el caso de los hermanos Jorge y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, detenidos arbitrariamente por policías federales en enero de 2006, junto con Gustavo Robles López, arraigados por 90 días, incomunicados y privados de su libertad por más de dos años sin elementos contundentes de los delitos que se les achacaron.

Jorge y Gerardo son hermanos de Andrés Tzompaxtle Tecpile, alias Rafael, integrante del Ejército Popular Revolucionario, quien fue detenido por militares en octubre de 1996, torturado por cuatro meses en instalaciones castrenses, aunque posteriormente logró escapar, informó ayer en conferencia la Red Solidaria Década contra la Impunidad (Rsdci).

Los activistas indicaron que el informe del organismo interamericano encontró una serie de violaciones a las garantías de Jorge, Gerardo y Gustavo, por lo que el caso tiene elementos para llegar al análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh).

El caso ha sido considerado paradigmático, pues organismos de Naciones Unidas y la propia CIDH han señalado las irregularidades de la aprehensión y el proceso. Los tres detenidos fueron absueltos por el delito de delincuencia organizada en modalidad de comisión de actos de terrorismo en octubre de 2008.

Este caso pone sobre la mesa el tema del arraigo. Para la Rsdci es de gran importancia que se deroguen en la Constitución las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, pues son contrarias a los derechos humanos, ya que vulneran el principio de presunción de inocencia, señalaron los activistas en la rueda de prensa.

Jorge Tzompaxtle afirmó que seguirán en su lucha por que su caso llegue a la Coridh, pues quieren justicia y una reparación integral del daño, no sólo económica, sino sicológica, además de que otro de sus intereses centrales es que se eliminen ambas figuras judiciales.

María Magdalena López, secretaria ejecutiva de la Rsdci, informó que el Estado mexicano tiene hasta finales de marzo para responder al informe de fondo de la CIDH.

Indicaron que el caso es emblemático para que las actuales autoridades federales reconsideren la eliminación del arraigo y la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, máxime cuando los legisladores analizan la posibilidad de ampliar el catálogo de delitos para aplicar esa segunda figura judicial. También rechazaron la creación de la Guardia Nacional.