ara que no quede duda sobre el rumbo de la política económica durante su administración, días atrás el presidente López Obrador dejó en claro que sí queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos, pero vamos a defender a los productores nacionales; primero México y luego el extranjero.

Desde su campaña electoral, y ya como Presidente en funciones, López Obrador advirtió sobre la urgencia de dar un giro en la política económica, porque el país, y el bienestar de su población, no soporta más estancamiento, dependencia externa y desindustrialización.

Sobre el particular, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico retoma la frase presidencial y en su más reciente análisis –del que se toman los siguientes pasajes– subraya que sin lugar a duda, el Ejecutivo ha identificado uno de los yerros más grandes que se cometió en materia de política económica: sacrificar a la industria y empresa nacionales en favor de la posición dogmática de un libre comercio que no reconoce que otros países no respetan los acuerdos internacionales.

En congruencia con la declaración de López Obrador, corresponde a los funcionarios de la administración pública federal implementar medidas concretas que aseguren la competencia justa, tanto en materia de comercio exterior, como en el mercado interno nacional.¿Por qué es relevante hacerlo?

La industria mexicana enfrenta una competencia desleal que debe revertirse, los casos más evidentes se encuentran en los sectores del acero, el textil, el calzado y el vestido. Al mismo tiempo la industria nacional enfrenta una clara desaceleración: con la información disponible hasta noviembre pasado, de las 21 industrias del sector manufacturero, ocho muestran tendencia al alza; seis estancamiento y siete tendencia a la baja. El problema es estructural, pues en los últimos doce años el crecimiento del sector industrial apenas promedia 0.4 por ciento anual.

Debe reconocerse que la competencia desleal existe y que es practicada por gobiernos a los que México les abre unilateralmente su economía. Por ejemplo, el caso del acero. Ocurre a través de subsidios, financiamiento, transferencias directas de recursos económicos a fondo perdido, proveeduría de insumos energéticos a costos inferiores a los del mercado, aplicación de una regulación laxa en materia de derechos laborales o baja protección al medio ambiente.

En el periodo 2006-2012, la Secretaría de Economía abrió unilateralmente el mercado mexicano, esencialmente a las importaciones de acero provenientes de China. Su estrategia favoreció la competencia desleal en favor de las compras realizadas al exterior y dañó la capacidad productiva mexicana. Gracias a la intervención del Poder Judicial se logró frenar ese error de política económica.

Parece que el presidente López Obrador desea revertir esa situación y por ello señala que se debe proteger al productor nacional. Para hacerlo, la primera medida que se debe aplicar es refrendar la salvaguarda en el sector del acero. El no hacerlo representa un paso atrás en materia de desarrollo económico y política industrial.

Se requieren acciones, programas y políticas públicas concretas diferentes a las ejecutadas en periodos anteriores, para buscar obtener resultados positivos que reviertan el escaso avance de la economía nacional y con ello aporten al desarrollo social de la población.

México requiere de una política industrial globalmente productiva, competitiva y de inclusión social, que tenga como objetivo mayor bienestar de la población, mediante la creación de empleos bien remunerados y con prestaciones sociales, siendo el camino sostenible a la distribución de la riqueza de una manera productiva, sin cargo al erario ni mayores impuestos.

Las rebanadas del pastel

Informa el Inegi que en enero de 2019 se registró la menor inflación, para el mismo mes, desde 2015, y detalla que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.09 por ciento, contra 0.53 por ciento en igual lapso de 2018.

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