os problemas derivados de decisiones de política pública de AMLO (y su equipo, aunque prevalece la percepción de que él lo decide todo), parecen una avalancha que crece sola. Para evitar que los ductos de petrolíferos fuesen huachicoleados, se cerraron y se recurrió, en emergencia, a comprar pipas adicionales, remplazando un método moderno y eficiente para mover líquidos por uno muy caro, contaminante, que quema gasolina para transportar gasolina. Una parte de la gigantesca inversión en ductos permanece como arqueología del desperdicio, similar a la inversión en el NAIM-Texcoco. ¿Las estancias infantiles como programa público tienen problemas? (Se descubrió en su operación un entramado de corrupción y desvíos de recursos públicos La Jornada 7/2/19, p. 14), se cierra y se remplaza por mecanismos de mercado y se reducen sus recursos a la mitad de los antes utilizados: ahora se otorgará un monto mensual a los padres de familia y ellos decidirán en qué lo gastan y, si deciden gastarlo en cuidado de menores, eligen en cual estancia infantil. Sabemos que se trataba de un programa clienrtelar por su bajísima cobertura: sólo 330 mil niños. Si el problema se identifica como corrupción (aviadurías) o como inutilidad (asisten, pero no hacen nada), muchos puestos burocráticos se eliminan cuando, además, no tienen planta. Se pone en marcha una limpia (a rajatabla) de trabajadores que cobraban por honorarios. Todos se van: el gobierno de izquierda en lugar de crear puestos de trabajo o formalizar algunos de los existentes, les da una patada en el trasero mostrando que aprendieron de los neoliberales (véase caricutara de Helguera de 7/2/19, p.10, en La Jornada). Algunas actividades ya no se podrán hacer porque está prohibido pagar por honorarios y las demás plazas ya están ocupadas. La continuidad de El Trimestre Económico, la revista académica-formal de economía más antigua de América Latina (2019 es su año 86 y ha publicado 341 números) podría estar en riesgo porque al director anterior se le pagaba por honorarios y ahora eso está prohibido. Sin que mediara un problema conocido importante, o se explicara a la nación, se adoptaron cambios drásticos en IVA y salarios míninos en la frontera norte que estimularon la crisis de huelgas en las maquiladoras.

Pero el caso más grave es el anuncio que el programa Prospera (antes Oportunidades y Progresa: POP) que operó durante 21 años y, puesto que tenía problemas, se le aplicó el lema emergente del gobierno de AMLO y se cerró. Esto se hizo público en La Jornada (30/1/19; entrevista de Angélica Enciso a Leticia Ánimas Vargas (LAV), nueva coordinadora (liquidadora) nacional del POP. LAV mencionó los siguientes problemas:

las mujeres beneficiarias eran extorsionadas, obligadas a hacer trabajos, ir a mítines, votar por un determinado partido político, pagar por la certificación de su asistencia a clínicas. Sostiene que los servicios de salud eran una simulación: no recibían atención médica alguna. Se les obligaba a comprar en Diconsa, era como una tienda de raya.

Con un diagnóstico así, de banqueta, según confiesa LAV (cuando nos acercamos, recibimos estas denuncias) concluyó: el Prospera que otorgaba apoyos condicionados en salud, alimentación y educación, ahora se transformará. Se mantiene sólo el rubro educativo, con las becas, y los otros dos desaparecen. Hay mucha imprecisión sobre a qué becas se refiere LAV: si son sólo las de educación media superior o también de primaria y secundaria. Si son de todos los niveles, en la gráfica se aprecia que ya son muchos millones y, si se pretenden universalizar, serían muchísimas más. Añado que:

1) Durante los 20 años de su operación un amplio grupo de estudiosos de la política social y de la pobreza mantuvimos una postura crítica, fundada en evidencia válida, del POP, aunque siempre fueron más los apologéticos. En el primer grupo propusimos cambios importantes al POP desde la postura de no quitarle beneficios a nadie: siempre aumentar coberturas y beneficios. De mi más reciente estudio del POP, en coautoría con Araceli Damián y Máximo Jaramillo, que publiqué en 18 entregas de Economía Moral entre agosto 2017 y mayo 2018, derivamos la recomendación de remplazar el Prospera con el Ingreso Ciudadano Universal (ICU) que lleva a sus últimas consecuencias la postura antes descrita. 2) Parece ligero, por no llamarle irresponsable, tomar decisiones que afectarán la vida de muchas personas (que de por si viven en pobreza o muy cerca de ella) retirándole transferencias monetarias y servicios que hoy tienen. Pero decir que todo el componente de salud del POP fue una simulación, es abiertamente irresponsable. 3) LAV señaló que aún se hacen las corridas financieras (sic) para definir a qué se irán esos recursos (20 mil millones de pesos anuales) que se usaban en el rubro de alimentación, mostrando el peor ejemplo de diseño de programas y de planeación al revés (monto predefinido sin saber para quién ni para qué). El diseño de políticas y programas sociales requiere mucho más que corridas financieras.

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