La Cámara de Senadores envió una misiva a la Cámara de Diputados en la que pide se apruebe en sus términos la minuta de modificación al artículo 19 de la Constitución, al agregarle nueve delitos que sean causales de prisión preventiva.

El coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado adelantó la noticia a los especialistas en derecho que argumentarían en contra de la propuesta.

En diciembre pasado llegó la minuta al Senado. Contenía los nueve delitos que se consideraban motivo de prisión preventiva oficiosa; después de un diferendo en la Comisión de Puntos Constitucionales, se decidió reducir el catálogo a sólo tres delitos, pero al agotarse el periodo ordinario de sesiones el tema se llevó hasta el actual periodo extraordinario, donde también se someterá a aprobación la formación de la Guardia Nacional.

A mediados del mes pasado la reforma al artículo 19 de la Constitución tampoco fue aceptada por las dos terceras partes de los legisladores presentes en San Lázaro. Entonces, el morenista Delgado insistía en retomar el contenido original de la minuta con los nueve delitos, pero la respuesta de la oposición encabezada por el PRI, y el diputado Enrique Ochoa Reza fue tajante: no habría acuerdo.

Desde entonces, por tratarse de una prioridad del gobierno federal, Morena insiste en retomar la minuta con su propuesta original. Ahora, al iniciar ayer las consultas con expertos, su coordinador reiteró que la cámara de origen solicita que apruebe tal y como fue enviada a San Lázaro: es decir, como es la necesidad del gobierno federal.

En ese contexto, los especialistas que respondieron a la convocatoria expusieron sus argumentos como predicadores en el desierto, porque todos, con excepción de Santiago Nieto, rechazaron la iniciativa.

Rubén Francisco Pérez, representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y director de Asuntos Jurídicos de ese organismo, adujo que el uso de la prisión preventiva provoca excesos.

Esta medida cautelar trasgrede diversos derechos humanos, la libertad personal, de tránsito y la presunción de inocencia. No deben añadirse nuevos tipos penales y eliminar la prevención preventiva oficiosa. Una solución como esta no es la más adecuada; debemos buscar una reforma al sistema de justicia penal; mientras no tengamos agentes judiciales, mientras no haya un sistema eficiente y del sistema de readaptación cualquier solución que presentemos va a resultar insuficiente, quizá ayude a responder a una solución coyuntural, pero hasta ahí.