Al menos 25 muertos, decenas de heridos y miles de desplazados es el saldo reciente de un conflicto causado por grupos civiles armados de Santa Martha, municipio de Chenalhó, Chiapas, contra familias tanto bases de apoyo zapatistas como partidistas de Aldama y Magdalenas.

Lo que empezó como una disputa agraria ha evolucionado a un verdadero problema social por la impunidad de los agresores y las políticas de cooptación de las autoridades. La junta de buen gobierno zapatista (JBG) del caracol de Oventik, en Los Altos, responsabilizó a los gobiernos federal, estatal y municipal del recrudecimiento incontrolado de la violencia paramilitar que causa zozobra en la región. Entre septiembre de 2017 y finales de 2018 hubo 22 muertos. Entre diciembre y enero de 2019 hubo otros tres. En un informe divulgado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la JBG señala que luego de los enfrentamientos más fuertes, ya en tiempos del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón, los días 21 y 22 de enero (las ráfagas se escuchaban el toda la franja del río que sirve de división entre los pueblos), como solución, el gobierno envió camiones de soldados y policías para instalar una base de operaciones en la comunidad de Cocó (Aldama)”.

Así justifican la militarización, después de que ellos mismos metieron los problemas en territorio zapatista, añade la JBG. Claro les decimos: nos están provocando y nos están obligando a defendernos. La JBG denuncia que el mal gobierno dijo a los partidistas que si no aceptaban su Guardia Nacional les quitaría los apoyos económicos.

El problema no es nuevo. Data al menos de 1977. El fondo de la disputa son 60 hectáreas propiedad de Aldama que el gobierno entregó a Santa Martha. Los tres niveles de gobierno, pasados y presentes, son responsables de la división, enfrentamiento, miedo y rompimiento de la vida comunitaria. Según la JBG, aparentaron acuerdos que no se cumplieron, metiendo más leña al fuego, porque el verdadero objetivo es dividir a las comunidades, para facilitar la entrada de los grandes empresarios a los territorios originarios y saquear nuestras riquezas.

En lo que es la primera declaración pública en cinco años de una JBG, la de Oventik dice: Nosotros y nosotras siempre hemos dicho que la solución no es la militarización de los pueblos. Responsabilizando al gobierno actual de esta violencia, señala: Su política es repartir dinero y migajas, crear conflictos y militarizar las comunidades indígenas. Sólo mal acostumbran dando dinero para calmar a la gente. ¿Eso no es corrupción?.

Por su parte, el Frayba dio a conocer que desde inicios de 2018, por lo menos 13 comunidades de Aldama, entre ellas la cabecera municipal, han sido blanco de ataques con armas de fuego provenientes de miembros de la comunidad Santa Martha, Chenalhó. Actualmente se registran miles de víctimas de desplazamiento forzado, además de varios heridos y personas ejecutadas extrajudicialmente.