Familiares de desaparecidos en Guerrero durante la etapa de la guerra sucia (1969-1979) demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga ante el Ejército Mexicano para que abra sus archivos, principalmente los del 27 Batallón de Infantería, que primero tuvo su sede en el municipio de Atoyac de Álvarez, donde se presume que desaparecieron más de 600 personas, y luego en Iguala, lugar en el cual los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron en septiembre de 2014.

En conferencia de prensa en Chilpancingo, Octaviano Gervacio Serrano aseguró que el Ejército Mexicano desapareció a su padre Octaviano Gervacio Benítez, el 26 de junio de 1974 en Atoyac de Álvarez. Consideró que su desaparición fue parte de una campaña de terrorismo de Estado y de exterminio total.

Sostuvo que su progenitor fue detenido por el comandante Isidro Galeana, quien lo llevó a las instalaciones del 27 Batallón de Infantería. Señaló que en 2014 Canuto Navarrete Solís narró a Hilda Navarrete Gorjón, de la Comisión de la Verdad, que él vio a mi papá en ese cuartel, donde estuvo varios días.

Hoy ya no tenemos miedo de que nos maten, si bien persiste la misma situación de peligro; por eso pedimos que el presidente López Obrador reconozca que el Estado tuvo responsabilidad en la desaparición forzada de mi papá y de 600 personas más, que eso constituyó un genocidio y un exterminio, según Octaviano Gervacio.

Por su parte, Arturo Miranda Ramírez, dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, dijo no estar de acuerdo con la propuesta de López Obrador de borrón y cuenta nueva, y que se perdone a los criminales; por el contrario, advirtió, queremos llevar a juicio a los responsables y hacer justicia a los desaparecidos. Aseguró que hay evidencias de que la cifra llegaría a mil 300 personas desaparecidas.

Mientras, campesinos integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota e integrantes del Movimiento Popular Guerrerense, así como familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa no localizados, bloquearon durante varias horas el bulevar de Las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco, para exigir la libertad de los presos políticos de Guerrero.

Pidieron en especial por los 19 comuneros detenidos el 7 de enero de 2018 en la cárcel de Las Cruces, en Acapulco, luego de un enfrentamiento ocurrido en la comunidad La Concepción, en la zona rural de Acapulco, entre la policía comunitaria de Cacahuatepec y pobladores, que dejó como saldo dos policías comunitarios y seis habitantes de la localidad muertos. Luego, en un operativo de desarme aplicado por la policía estatal, murieron tres policías comunitarios más, para un total de 11 víctimas.