on esta consigna y con los machetes ondeando en la costera de Acapulco, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa La Parota (Cecop) logró invalidar seis asambleas agrarias, descarrilando el megaproyecto impulsado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Todos los estudios se realizaron a la usanza caciquil, sin ningún proceso de consulta previa. La maquinaria pesada se abrió paso en medio de la maleza y la empresa se apoderó de los lechos del río Papagayo para instalar sus campamentos e iniciar la construcción de la cortina en 2003.
En los bienes comunales de Cacahuatepec, del Acapulco sumido en la pobreza, se gestó una lucha heroica por parte del Cecop que ha defendido su río, contra los empresarios gravilleros y los gobiernos depredadores. Despojaron a los ejidatarios de las playas de Punta Diamante y los reubicaron en los lodazales de la Sabana. Destruyeron toda la zona de los humedales para construir el aeropuerto, y se apropiaron de los mantos acuíferos, para extraer el agua y surtir a toda la zona hotelera del alto turismo. El trueque es ofensivo; las comunidades rurales no cuentan con agua limpia en sus casas, ni existe drenaje en sus calles. La maltrecha carretera es ahora un terregal, por la extracción ilegal de grava y arena. Casas de bajareque y escuelas semiderruidas. Es el paisaje de la desolación y de la corrupción urdida por los políticos mafiosos.
Dividieron a las comunidades, alentaron la confrontación y conformaron grupos de choque para hacerle frente al Cecop. Se empecinaron en criminalizar a su líder Marco Antonio Suastegui. Lo encarcelaron tres veces, para doblegarlo y desarticular el movimiento. El Cecop, ante la avalancha delincuencial, decidió conformar un grupo de la policía comunitaria integrado a la casa de justicia de San Luis Acatlán, que se estableció como casa de enlace en la comunidad de la Concepción en 2017. Fue una medida efectiva para evitar el saqueo de los recursos pétreos y brindar seguridad a la población.
El 7 de enero de 2018 se suscitó un enfrentamiento entre un grupo de la comisaria que trabaja para el empresario Humberto Marín con miembros de la policía comunitaria de la Concepción. El resultado fue de ocho personas asesinadas. Siete horas después de los hechos fatídicos el gobierno del estado montó un operativo conformado por elementos de la policía del estado, Policía Federal y miembros del Ejército. En su irrupción llegaron más 200 elementos, que de inmediato sometieron a los policías comunitarios, quienes esperaban el arribo de las autoridades ministeriales. Uno de los comandantes de la policía ministerial se fue directo con Marco Antonio, quien había llegado cuatro horas después de los hechos para prestar auxilio. Lo interrogó, y con el apoyo de varios policías lo sacó del lugar. Lo llevaron a un cerro, le cubrieron el rostro para someterlo a varias sesiones de tortura. Lo obligaban a que disparara un arma que le colocaron en la mano. Al negarse era golpeado con un palo en varias partes de su cuerpo.
La decena de policías comunitarias que se encontraban alrededor de la comandancia fueron desarmados y a tres de ellos les dieron el tiro de gracia. También realizaron varios cateos en los domicilios, donde detuvieron a varias personas. Subieron a las camionetas a 34 campesinos, la mayoría del Cecop. Los trasladaron a la fiscalía de Acapulco, acusándolos por posesión de droga. Como es común, el Ministerio Público simuló una acusación por un delito que hasta la fecha no se investiga, con el fin de ganar tiempo y acusar a 25 campesinos por seis homicidios. Las pruebas se centraron en las declaraciones de cuatro testigos. Interpuso una prueba pericial en materia de radisonato de sodio, que se obtuvo de manera ilegal porque no estuvieron presentes sus defensores. Una tercera prueba fue el dictamen de balística forense que se realizó a 14 armas, que supuestamente les fueron aseguradas a igual número de personas. Pasaron más de siete horas para que fueran puestos a disposición de la autoridad competente. Por otra parte, las investigaciones de los tres policías comunitarios ejecutados no presentan avances. Esto mismo sucede con las ocho personas que denunciaron tortura.
El 6 de febrero dio inicio la audiencia intermedia en el juzgado de control y enjuiciamiento penal de Acapulco, para presentar las pruebas con las que el juez tomará la decisión sobre cuáles sustentarán la etapa del juicio oral. Será importante saber si las pruebas obtenidas bajo tortura las tomará en cuenta. Si las desecha, no tendrá materia para el juicio, por lo mismo tendría que otorgar la libertad a los 17 campesinos.
La lucha del Cecop es emblemática, porque a pesar de la persecución sigue viva la resistencia comunitaria. Le han ganado al gobierno en todos los juicios agrarios. Por eso han fracturado a las comunidades para destruirlos y acabar con Marco Antonio. Las organizaciones sociales y las familias de los presos han emplazado al gobernador para que cese la criminalización del Cecop y se respeten sus territorios, que son los santuarios de la vida comunitaria, donde la tierra no se vende, sino que se ama y se defiende.
