o que resulta preocupante es la falta de coordinación entre áreas clave del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero (ministra en retiro, notaria pública y senadora con licencia) había mantenido una marcada reticencia a hacer públicos todos los datos correspondientes a su declaración patrimonial, a tal grado que llegó al límite del plazo impuesto para darles publicidad, con la advertencia tajante de su jefe, el Presidente de la República, de que quien no hiciera transparente todo lo referente a sus haberes no podría continuar colaborando en su gabinete.

La presentación de esa declaración patrimonial careció, para su formato público, de la consignación de una propiedad inmobiliaria en Houston, Texas, valuada en medio millón de dólares. Los ingresos de Sánchez Cordero y de su esposo, notario público en ejercicio, acumulados durante décadas, darían para esa compra sin mayor problema. Pero los datos correspondientes no fueron hechos públicos y tal irregularidad fue pescada y difundida por el diario Reforma, que se ha convertido en el principal destinatario andresino de los calificativos de prensa fifí (ahora dirigido por Juan Ernesto Pardinas Carpizo, quien pasó del Instituto Mexicano para la Competitividad, y el activismo desde la sociedad civil, a encabezar el citado periódico).

La secretaria Sánchez Cordero respondió durante la conferencia presidencial mañanera. En esencia, descargó la responsabilidad en una dirección de la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval. Ella, la secretaria Sánchez Cordero, habría indicado a un funcionario de la SFP que se hiciera público lo referente a ese departamento, pero la instrucción, dijo, fue desatendida.

El problema estriba en que la responsabilidad de la emisión de los datos es absolutamente personal, como queda asentado en la última línea del formato para realizar tales declaraciones patrimoniales. Sin entrar al pleito, la SFP precisó esto mediante un cuidado boletín de prensa. Por lo pronto, Sánchez Cordero avanzó mar adentro, hacia turbulencias que ella misma alentó ayer, al mencionar que su estado de salud es óptimo. El mensaje de la titular de Bucareli es que no renunciará al cargo por razones de salud física.

El primer saldo de este incidente muestra la increíble incapacidad de áreas estratégicas del gobierno federal para coordinar mensajes y presentar frentes comunes bien armados ante pifias, especulaciones o abiertos ataques políticos. La secretaria Sánchez Cordero debió haber advertido de inmediato de la falta de publicidad de los datos de su departamento a la hora en que su declaración patrimonial se hizo pública y no hasta ahora, luego que un medio de comunicación exhibió tal escamoteo, haya sido este intencional o por falla técnica.

El episodio en mención tiene como telón de fondo las pretensiones de ciertos subgrupos del obradorismo de empujar a Sánchez Cordero de regreso al Senado. La argumentación es variada: desde su alineamiento con su gremio, el del Poder Judicial, contra la reducción de salarios, hasta la supuesta promesa al panismo de que en Puebla le tocaría a los sucesores políticos de Martha Érika Alonso nombrar de entre sus filas al gobernador interino. Uno de los subgrupos que más atento está a la suerte de la ministra en retiro es el encabezado por el ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco Coello.

Dos temas sugestivos: miembros de Petroleros Activos en Evolución fueron a la Fiscalía General de la República a ratificar una denuncia presentada en noviembre de 2016 contra el dirigente sindical Carlos Romero Deschamps. Por otra parte, el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Román Meyer Falcón, reveló que su antecesora, Rosario Robles Berlanga, pagó del erario más de 13 millones de pesos anuales por la renta de nuevas oficinas en la colonia Polanco, luego del sismo de septiembre de 2017. Hubo otros gastos superfluos, derrochadores. ¿Qué pasará con Romero y con Rosario?

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