El plan nacional contra las desapariciones presentado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con elementos sustantivos de las propuestas y exigencias que los familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil han planteado desde hace varios años para combatir ese flagelo, consideró el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).

Asimismo, celebró el compromiso público asumido por la administración federal para la búsqueda y localización de los miles de afectados que hay en el país y para romper el círculo de impunidad que ha permitido la continuidad de esta práctica atroz.

El MNDM, conformado por 59 colectivos de familiares de personas desaparecidas de 20 entidades de México y de tres países de Centroamérica, por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, difundió un pronunciamiento sobre la estrategia presentada el lunes por el presidente López Obrador y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, que tiene como ejes dar prioridad a la búsqueda con vida de las víctimas; colaborar estrechamente con las familias de los afectados, gobiernos locales e instancias internacionales; trabajar en la prevención, investigación y sanción del delito, y reforzar los mecanismos ya existentes y crear nuevos que permitan atender la problemática.

Enfatizamos la necesidad de avanzar en algunos puntos de manera inmediata y consistente para dar pasos sólidos en el cumplimiento de este plan: reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda con el nivel y las capacidades necesarias de acción; impulso del instituto o mecanismo de identificación forense ante la emergencia nacional en esta materia; la urgente necesidad de crear las comisiones locales de búsqueda, fiscalías especializadas y en general todos los elementos requeridos para el acceso a la justicia, así como formalizar los diversos instrumentos de asistencia técnica internacional, en particular la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, con la finalidad de fortalecer y hacer posible este proceso integralmente. Todo ello, siempre con la participación de las familias, señaló el movimiento.

Además, se debe continuar el diálogo con familiares y organizaciones; para alcanzar la verdad y la justicia se requiere la participación y compromiso de todos los poderes, tanto federales como estatales, al igual que la solidaridad de la sociedad.