Los Órganos Internos de Control (OIC) son –o deberían ser– el primer eslabón de todas las dependencias de gobierno para detectar irregularidades y actos de corrupción, pero no cumplen dicha labor debido a factores como la falta de autonomía presupuestal y las relaciones demasiado cercanas de sus titulares con los funcionarios que en teoría deben vigilar.

Todo lo anterior, señalan expertos independientes y funcionarios del gobierno, forma parte de un problema de diseño institucional en donde el Poder Ejecutivo es juez y parte, al asumir la tarea de vigilarse y sancionarse a sí mismo, lo cual genera obstáculos que han impedido el progreso de investigaciones sobre actos indebidos.

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la principal función de los OIC es aplicar las normas internas de cada institución, verificar el cumplimiento de sus objetivos y el desempeño ético de los servidores públicos, e implementar los mecanismos que prevengan posibles faltas administrativas.

Tan sólo en la administración pública federal hay 213 OIC, pero si se cuentan todas las dependencias y organismos gubernamentales en sus diferentes niveles, el número rebasa 6 mil 500, cuyo nombramiento, evaluación y presupuesto dependen en rigor de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

En el documento titulado Diseño de una política pública de designación de titulares de órganos internos de control y unidad de responsabilidades, dado a conocer por la SFP en enero de 2018, se menciona que la combinación de politización en los nombramientos, alta rotación de su personal, distorsión de las relaciones entre vigilados y vigilantes, y falta de capacidades técnicas de estos últimos, hacen que los OIC fallen en su encomienda.

Aunque en teoría es la SFP la encargada de designar a los encargados de cada OIC, en los hechos varios altos funcionarios han tenido la facultad de nombrar a sus observadores e incluso llevárselos consigo a las secretarías o dependencias donde eran asignados después.

Entre los casos más conocidos están el del ex candidato presidencial priísta José Antonio Meade, quien se llevó a Pablo Téllez como director del OIC de las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social (ex Sedesol, hoy Secretaría del Bienestar) y Energía.

Carecen de los perfiles

Hay funcionarios que han dirigido los OIC de diversas entidades y que realizaban tareas muy variadas, lo cual dejaría ver la carencia de un perfil específico para cada secretaría.Tal parece ser el caso de Max Evia Ramírez, quien se desempeñó de manera indistinta como contralor interno de Liconsa, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Quizá el ejemplo más conocido de las fallas en la labor de un OIC es el de la Sedesol, el cual durante la gestión de Rosario Robles no promovió sanciones a los servidores públicos que han infringido la normativa ni investigó la causa origen de los problemas, de acuerdo con un estudio de la Auditoría Superior de la Federación.

El resultado de ello es que hay mil 787 millones de pesos de programas de esa secretaría cuyo destino se desconoce, tan sólo en la cuenta pública de 2015.

Al consultarlo sobre el tema, el subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, de la SFP, Roberto Salcedo Aquino, lamentó que muchos altos funcionarios piensen que los OIC deben estar bajo control de la institución que supuestamente vigilan, bajo la premisa de que el que paga manda, por lo cual el nuevo gobierno tomará verdaderamente el mando de todos estos organismos.

La SFP a veces controlaba a los OIC y a veces no, y ahora se ha tomado la decisión de que con la Cuarta Transformación pertenezcan a esta secretaría. Es una decisión fundamental, porque los OIC son un ejército de vigilancia y el cerebro de la lucha contra la corrupción, enfatizó.