Para prescindir de personal contratado por honorarios, el nuevo gobierno federal no ha procedido, en la mayoría de los casos, con consideración ni respeto a las formas. Se ha hecho a rajatabla. Y factores como antigüedad, mística de servicio, preparación profesional, aportaciones e incluso el grado de responsabilidad asignada en las distintas oficinas son pasadas por alto en la decisión de despedir empleados.

La ausencia de toda ponderación y análisis al perfil de puestos y cargos para forzar a la firma de renuncias o notificar la no renovación de los contratos laborales ha llevado al desmantelamiento o parálisis de áreas completas de la adminis­tración federal, poniendo en riesgo la prestación de algunos servicios, la realización de funciones vitales para la marcha del país y hasta existe la posibilidad de desabasto de algunos insumos fundamentales. Diversas situaciones lo documentan.

Un caso ilustrativo lo representa la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). A más de 60 días de iniciado el nuevo gobierno, la institución no ha liberado permisos de importación de materias primas y medicamentos terminados ni ha renovado las prórrogas de registros sanitarios indispensables para la continuidad en los procesos de producción de fármacos.

Ello porque siguen sin titular las áreas de Autorización Sanitaria, Operación Sanitaria, Fomento Sanitario y Evidencia y Manejo de Riesgos. Hay titular de la Cofepris, el médico pediatra José Alonso Novelo Baeza, y permanece el personal técnico encargado de elaborar los dictámenes y documentos, pero no están designados aún los responsables de firmar esas vitales autorizaciones del sector salud.

En vulnerabilidad similar está la Coordinación Nacional de Protección Civil, instancia imprescindible para hacer frente a catástrofes. Ahí, han sido despedidos técnicos especializados por décadas en las cadenas de información y de reacción inmediata entre los tres niveles de gobierno, así como en acciones preventivas y reactivas ante los riesgos cotidianos que enfrenta la población.

Así, las renuncias solicitadas al menos a 75 de los 300 integrantes de las direcciones de las coordinación nacional –entre ellos directores y subdirectores del área de Emergencias– han sido determinadas por el nuevo responsable de la Protección Civil en el país, David León Romero.

En su cuenta de Twitter, quien fue asesor de comunicación del PVEM en el Senado se presenta como: esposo y papá. Comunicólogo. Administración, desarrollo sostenible y políticas públicas. Ironman, maratonista. Y asesoró en comunicación e imagen al ex gobernador de Chiapas Manuel Velasco.

En las áreas de seguridad también padecen por la indefinición y ausencia de estrategias para las corporaciones. Se estima que entre 3 mil y 5 mil integrantes de la Policía Federal han iniciado los trámites para darse de baja de la corporación una vez informados de que ya no dispondrán de seguro de gastos médicos mayores, bonos de riesgo e incluso viáticos para sus traslados.

Esas bajas y reacomodos impactan también en el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, responsable de la seguridad y la administración de los penales federales, donde han sido despedidos hasta ahora mandos altos y medios, afectando más de 200 plazas.

Personal de confianza

Del mismo modo, dos centenares de agentes y personal de áreas administrativas del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional emprendieron sus procesos de retiro al ser notificados de que perderán el bono de riesgo y que serán sometidos a procedimientos de evaluación por no estar considerados personal de confianza.

La mayoría de quienes aceptaron narrar la experiencia de su despido pidieron anonimato. Y hay casos dramáticos porque en general se trata de trabajadores contratados bajo los esquemas de los capítulos 1000 y 3000 del Gasto para la Administración Pública Federal –servicios personales y servicios generales, respectivamente– y con salarios que, aseguran, sólo estaban acordes con su nivel de preparación y responsabilidades.

Los testimonios abarcan lo mismo a despidos colectivos que individuales. Entre estos últimos se encuentra el caso de un trabajador con 42 años de servicio adscrito a la Secretaría de la Función Pública (SFP). Narró que se encontraba a unos meses de obtener su derecho a la jubilación y que a inicios de este año le notificaron que la unidad completa donde laboraba se transferiría a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Días después, el ofrecimiento quedó anulado con el aviso de que su plaza desaparecería y, por tanto, su renuncia era obligada. Su sueldo tabular era de 69 mil 831 pesos en el área de Adquisiciones como director de área M23.

A punto de cumplir 65 años, anticipa que recurrirá a los tribunales laborales a defenderse, pues además, había llegado hasta ese nivel laboral a través del servicio profesional de carrera. Y porque si bien en la propia SFP le dijeron que buscarían ubicarlo en otro puesto atendiendo a mis carácterísticas y a mi experiencia, finalmente eso tampoco se cumplió.

Ha sido una semana de gran desconcierto. Me duele lo que está sucediendo a México y me siento muy lastimado porque la SFP se supone que es la que defiende a los servidores públicos de carrera y es la primera en violar esa tarea. Pide al gobierno federal reconsiderar los despidos y aprovechar la experiencia de muchos trabajadores a los cuales ha despedido o está por hacerlo.

En la misma SFP, trabajadores denunciaron que sus despidos ocurrieron de forma arbitraria e injustificada y sin respeto al derecho de los afectados al negarles la posibilidad de ser reubicados o recibir una indemnización.

La separación del cargo –denunciaron– ocurrió en algunos casos mediante prácticas intimidatorias, como romper la cerradura de sus oficinas. Retirarles, sin aviso, sus computadoras u obligarlos a salir de las instalaciones escoltados por policías.

Uno de ellos, con 10 años de antigüedad en un cargo, dijo que a mediados de enero fue citado por una funcionaria, quien le pidió le regalara su renuncia mediante un formato predeterminado donde liberaba a la SFP de tener cualquier tipo de adeudo con él.

(Con información de Ángeles Cruz, Fabiola Martínez, Gustavo Castillo y Fernando Camacho)