Durante las audiencias públicas en el Senado organizadas para integrar la agenda legislativa de los derechos humanos de las niñas y las mujeres, Ricardo Bucio, secretario general del Sistema Nacional de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), pidió elaborar una Ley General de Primera Infancia, ya que en el país anualmente mueren 26 mil bebés al primer año de vida –un número mayor al de los homicidios–; en 85 por ciento de los casos por causas prevenibles, debido a que el sistema de primera infancia es inadecuado.

Bucio pidió que en este periodo de sesiones se legisle sobre los derechos laborales y de seguridad social de las trabajadoras del hogar, ya que muchas empiezan a laborar entre los 10 y 15 años, y ese trabajo como está hoy, es espacio para el machismo, el racismo y clasismo. Recordó que son 2.3 millones de mujeres trabajadoras en ese sector.

También planteó que se armonice la Ley Federal del Trabajo, en lo que se refiere a ocupaciones peligrosas y trabajo infantil y violencia laboral, que afectan por igual a niñas, niños y adolescentes.

Piden que se prohíba el matrimonio infantil

De igual forma manifestó la necesidad de reformar el Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil.

Otro tema en el que se debe legislar, dijo el secretario general del Sipinna, es el de la prohibición de la violencia corporal, especialmente en niñas de cero a seis años, ya que se ve como auxiliar educativo por algunos mayores y cuidadores, y son las niñas las que más la sufren.

En tanto, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), resaltó que el país tiene una deuda pendiente con los derechos de las mujeres y con la construcción de la igualdad de género. El año pasado en México fueron asesinadas, en promedio, nueve mujeres por día; los delitos de violencia, acoso, hostigamiento y discriminación contra ellas se acumulan y los esfuerzos desplegados hasta la fecha para acabar con la impunidad y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia son insuficientes”.

Manifestó que existen tres asuntos prioritarios: violencia de género y feminicidio; derecho a la protección de la salud y discriminación. En el primer tema, refirió: en nuestra nación siete de cada 10 mujeres, han sufrido violencia. De acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2018 se contabilizaron 834 presuntos delitos de feminicidio y 2 mil 746 mujeres víctimas de homicidio doloso. Esto es, precisó, pues al menos nueve mujeres fueron asesinadas cada día en nuestra nación en 2018. Como se puede advertir, la problemática es grave”.

Propuso que se hagan modificaciones legales, para contar con criterios y plazos para atender la fase de declaratoria de la Alerta de Género, en tanto, actualmente no se establece en la ley una periodicidad en específico o acciones a seguir una vez declarada dicha alerta ; se requiere establecer en la ley la participación de los gobiernos municipales; incluir en el reglamento de la ley que los informes de los llamados Grupos de Trabajo se notifique a los tres poderes de la entidad correspondiente, entre otras reformas.

En el caso del derecho a la proción a la salud, existe una ausencia destacada en torno a los derechos sexuales y reproductivos, tema que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés) ha planteado de forma recurrente a México.

Por lo que respecta a discriminación, dijo que las Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación tampoco cuenta con un reglamento y además la definición de discriminación prevista en dicha ley no incluye como causas de discriminación la identidad de género, la orientación sexual o la expresión del rol del género.