Guillermo Padrés Elías obtuvo el beneficio de la libertad bajo caución y después de las 21 horas abandonó el Reclusorio Oriente de Ciudad de México, luego de que un juez federal aceptó los documentos que amparan el monto de 40 millones de pesos que le fijó para que pueda enfrentar en libertad su proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Tras poco más de dos años en prisión, el ex gobernador de Sonora entregó como garantía de que no violará su libertad condicional las hipotecas presentadas por sus familiares y que están valuadas en alrededor de 43 millones de pesos.

Un juzgado federal le impuso inicialmente una garantía de 100 millones. Sin embargo, el quinto tribunal unitario en materia penal determinó que la cifra no era adecuada, aprobó un amparo y fijó la cantidad en 40 millones.

En noviembre de 2016, Padrés se entregó a un juez por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, ya que supuestamente durante su gestión se desviaron decenas de millones de pesos que estaban destinados a obras sociales, programas educativos y de salud, y por ello el Servicio de Administración Tributaria participó en la investigación realizada por la Procuraduría General de la República (PGR).

En esa fecha, Padrés acudió ante los tribunales del Reclusorio Oriente; allí aseguró ser inocente y confió en que no tendría más acusaciones, pero la PGR obtuvo otro mandamiento por delincuencia organizada y lavado de dinero en su contra.

Luego de más de un año de litigio, en febrero de 2018 el juzgado 12 de procesos penales federales dejó sin efecto el auto de formal prisión contra el panista por falta de pruebas. En torno al delito de defraudación fiscal equiparada, no se acreditó que la autoridad fiscal haya ejercido las facultades de comprobación que establece el arábigo 42 del Código Fiscal de la Federación, señaló.

En junio del año pasado, el décimo tribunal colegiado en materia penal, con sede en Ciudad de México, dio un nuevo revés a la PGR y determinó que eran infundados e inoperantes los recursos de inconformidad presentados por el Ministerio Público Federal, y así se decretó la anulación del auto de formal prisión por los delitos de defraudación fiscal equiparada y lavado de dinero.