La creación de la Guardia Nacional (GN) implica profundizar la estrategia de militarización de la seguridad pública iniciada en gobiernos anteriores, pues dicho cuerpo tendrá integrantes y formación de corte netamente castrense, aunque el mando esté bajo control de un civil, advirtieron organizaciones de derechos humanos.

Al responder a lo dicho el viernes por los secretarios de la Defensa Nacional, Marina y Seguridad Pública en el sentido de que es ofensivo señalar que la GN signifique que el país se militarizaría e incluso reprochar que haya desconfianza de algunos sectores en las fuerzas armadas, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos (Centro Morelos) señalaron que dicho recelo tiene bases históricas.

Quienes deberían estar ofendidos son las personas que creyeron en la oferta de campaña de regresar a los militares a sus cuarteles. Sin desconocer la grave crisis que hay en materia de seguridad, consideramos que es un grave error la creación de la GN, en la cual los militares seguirán tomando decisiones, indicó César Pérez Verónica, director ejecutivo del Cepad.

Para el activista, la situación de violencia en el país se agravará al oficializar la militarización de la seguridad pública, pues existen muchos antecedentes de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por soldados y marinos que nunca fueron investigadas con profundidad ni se castigó a los responsables.

Manuel Olivares, director del Centro Morelos, consideró que con la GN no se daría inicio a la militarización del país, sino que se formalizaría una estrategia que lleva más de 10 años de aplicarse y no ha ayudado a abatir los índices de criminalidad.

Respecto del llamado de los militares a no desconfiar de las fuerzas armadas, Olivares estimó que los uniformados no tendrían que reprochar nada, porque en Guerrero está plenamente documentado que las violaciones graves de derechos humanos se han incrementado cuando los soldados asumen tareas de seguridad pública o son usados para reprimir movimientos sociales.

Algunos ejemplos de lo anterior, sostuvo, son la guerra sucia en los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando el Ejército tuvo un papel activo en el asesinato, tortura y desaparición de decenas de guerrerenses. A eso le podemos sumar la masacre de El Charco, los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo y otros. Son un desprestigio y un rechazo ganados a pulso.