ara que pueda darse una discusión racional sobre las relaciones de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI) con las empresas en México, es necesario reconocer primero que existe una idea arraigada en algunos sectores de la izquierda (no todos) y entre funcionarios del actual gobierno (tampoco la totalidad), de que las empresas privadas son el demonio y las trasnacionales son mucho más que eso. Esta concepción puede ser útil para ganar aplausos en alguna asamblea o para atraer a sectores muy ideologizados hacia la oposición a los avances en algunas áreas del conocimiento, pero no sirven para entender el papel que han jugado y juegan las empresas en el desarrollo de la ciencia en el mundo y el que pueden desempeñar en nuestro país.
A nivel mundial el desarrollo de la ciencia está estrechamente ligado con las empresas, especialmente desde el inicio del siglo XX, como puede ver cualquiera que examine las series históricas del gasto en investigación en las naciones más industrializadas y recientemente en las emergentes. Existe consenso sobre la correlación entre el atraso científico y tecnológico con una muy baja participación del sector privado en el financiamiento y ejecución de proyectos científicos. Como producto del modelo económico impuesto a México (desde mucho antes del neoliberalismo), la mayoría de las empresas privadas nacionales no están basadas en la innovación.
De la empresa privada han surgido grandes descubrimientos. No necesito –como se acostumbra– poner ejemplos de otras latitudes, basta recordar que en México, en una empresa privada, Laboratorios Syntex SA, surgió en 1951 el primer anticonceptivo oral que fue el origen de una de las más importantes revoluciones en la historia de la humanidad. Por cierto que el logro de esta empresa, en su momento líder mundial en la química de esteroides, se debió a su colaboración con la Facultad y el Instituto de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, lo que constituye un ejemplo de los beneficios de la vinculación academia-empresa para el avance del conocimiento.
El problema no es, a mi juicio, si debe participar o no la empresa privada, sino cómo. En qué condiciones debe darse esa participación. Yo siempre he manifestado mi oposición al subsidio a las empresas privadas con recursos públicos y que se les trate como minusválidas, cuando el interés y las iniciativas en CTI deberían provenir de ellas, como ocurre en la mayor parte del mundo. El beneficio en las relaciones entre el Estado y las empresas no puede ser unilateral, sino compartido. Y bajo este principio se deben evaluar las acciones del gobierno en este campo.
Recientemente la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla Roces, denunció –basada en datos preliminares– la transferencia en los últimos seis años de 50 mil millones de pesos (más menos 15 mil) a empresas privadas, algunas de ellas trasnacionales. Más allá de las reacciones esperadas por la tradicional satanización de los capitales privados nacionales y extranjeros, su presentación dio lugar, más que a certezas, a numerosas interrogantes. La primera pregunta es si estos fondos públicos fueron regalos producto de la generosidad de los funcionarios en turno, lo cual sería desde luego inadmisible y ameritaría incluso sanciones, o si están respaldados en contratos o convenios que establecen obligaciones para las dos partes; y si este fuera el caso, si los compromisos de las empresas se cumplieron y si han traído algún beneficio a la ciencia de nuestro país o no.
Tomemos, por ejemplo, el Programa de Estímulos a la Innovación, impulsado por la anterior administración, cuyos fondos se orientaron mayoritariamente a las pequeñas y medianas empresas. Aquí el financiamiento es equitativo, pues por cada peso que pone la empresa el gobierno aporta otro. Los objetivos, además de crear productos con alto valor agregado, incluyen la vinculación con instituciones de educación superior y centros de investigación (en su mayoría públicos) y la incorporación de recursos humanos especializados en las empresas (es decir, empleos para investigadores). Antes de condenar y cancelar programas como el descrito, al menos habría que evaluar sus resultados. Lo mismo para las empresas grandes y las trasnacionales (cuya condena a priori, por cierto, no es compartida por el Presidente de la República, como puede verse en el reciente caso de Nestlé).
Hay otras preguntas, por ejemplo, ¿cómo se transfieren recursos a las empresas a través de becas? (no sabemos si las de posgrado o del Sistema Nacional de Investigadores), o ¿cómo las cátedras para investigadores sirven para subsidiar al capital privado? –según lo dicho por la directora del Conacyt. En mi opinión, se trata de datos muy poco analizados dados a conocer para obtener un calculado efecto mediático, más que para contribuir a entender cuál ha sido y debe ser el papel de las empresas en el desarrollo científico del país.
