Durante los 15 años que ha operado el Seguro Popular se logró un incremento de cuatro veces en términos reales en el presupuesto de los servicios de salud. La ley garantiza la asignación del dinero en función del número de afiliados, por lo que su eliminación, como propone el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, equivale a un suicidio financiero.

Se regresará al viejo mecanismo burocrático de presiones políticas e inercias en la asignación de recursos, advirtió Julio Frenk Mora, ex secretario de Salud y creador del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular, el cual tiene una afiliación de más de 53 millones de personas.

Mientras, organizaciones civi-les señalaron que el sistema ha cubierto la necesidad de atención médica, pero falta incrementar el número de clínicas y hospitales acreditados para la prestación de ser-vicios, resolver el desabasto de medicinas, así como agilizar las transferencias para el pago de 65 tratamientos de enfermedades de alto costo, entre otros.

Aunque existe la cobertura de males como la hepatitis C, que ya se puede curar, los hospitales tienen que absorber el costo y después solicitar el rembolso al Seguro Popular, lo que puede tardar tres meses por lo menos.

Un estudio de la Secretaría de Salud reconoce deficiencias como que los estados no aumentaron aportaciones y el gasto operativo es elevado en algunas entidades.

No obstante, dice, hay logros: el incremento de la inversión pública en salud, la disminución del gasto de las familias para la atención de males complejos y costosos (VIH, cáncer de mama o cérvico uterino, ovarios, próstata, testículos, infartos en menores de 60 años, tumores malignos en menores de 18 años, enfermedades graves del recién nacido, entre otros) con 65 intervenciones clínicas.

También mejoró la equidad financiera. Se refiere a la disparidad que existía antes de 2004, pues había estados cuya inversión en la prestación de servicios médicos era nueve veces menor con respecto a otros con el mayor gasto.

Desde su arranque, expertos criticaron el esquema que planteó la afiliación de personas como la base para la asignación de los recursos (que el dinero siga a la gente, decía Frenk), pero sin garantizar el acceso a los servicios médicos, sobre todo en las zonas alejadas y con los mayores niveles de pobreza. En esos sitios persisten las carencias de todo tipo: personal médico, medicinas y equipos.

Además, en reiteradas ocasiones, las agrupaciones de pacientes han solicitado que se amplíe la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos para personas que viven con enfermedades como esclerosis múltiple y tumores malignos diversos.

Es decir, terminar con las limitaciones en la protección de la salud que es, justamente, lo que plantea el proyecto del nuevo Plan Nacional de Salud, por medio de una reforma integral que prevé la terminación de la estructura financiera del Seguro Popular, a fin de que la totalidad de los recursos federales y estatales sean administrados por la Secretaría de Salud federal (La Jornada, 25/1/19).

Para el ex secretario Frenk, quien publicó un artículo del tema en la revista The Lancet, la concentración de poder y el dinero en el Ejecutivo federal se traducirá en que el progreso alcanzado en 15 años sufrirá un retroceso.

Adelanta que legisladores de oposición están listos para defender el Seguro Popular junto con algunos gobernadores que, se supone, rechazarán la pérdida del financiamiento para salud.

Acabar con la corrupción

Frenk señaló que el gobierno debería corregir los problemas, incluida la corrupción, pero no eliminar los beneficios alcanzados por el Seguro Popular, como evitar el empobrecimiento de las familias por enfermedades de alto costo. También advierte que los ataques al modelo provienen de posiciones radicales dentro de Morena. El riesgo es que prevalezcan las preconcepciones ideológicas por encima de la evidencia científica en la formulación de las políticas públicas.