El gasto para la seguridad pública no ha tenido el impacto esperado en la reducción de la incidencia delictiva, dijo Adrián Franco Barrios, vicepresidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante una reunión privada del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) entre funcionarios federales y enviados de 16 entidades del país el viernes pasado.

La fórmula anterior, subrayó, fue un incentivo perverso para los estados que lograban bajar los índices delictivos.

El Inegi elaboró una nueva fórmula de reparto de recursos para entidades, aprobada esta semana por los gobernadores, aun cuando algunos –como el estado de México– recibirán menos que en 2018.

El citado mecanismo, publicado ayer en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, tuvo consenso por ser considerado una fórmula base cero, a fin de restructurar los procesos entre gobierno federal y estados, indicaron fuentes consultadas.

Un informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) señala que en ocho años (de 2000 a 2018) se ha entregado a los estados, en conjunto, 66 mil 500 millones de pesos, del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

El nuevo método para el reparto (este año de 7 mil millones de pesos, el mismo nivel que en 2018) otorga 25 por ciento para certificación, equipos y áreas forenses, todo ello dentro del capítulo de fortalecimiento de las capacidades institucionales. Otro tanto se dará para compras y acciones en materia de tecnología e información (aquí se incluye lo relativo a la Red Nacional de Telecomunicaciones).

Además se asignará 15 por ciento para el fortalecimiento de centros de reclusión, rubro clasificado como población en privación de la libertad, ya que hasta el año pasado sólo se destinaba 5 por ciento a esta área.

El resto de los recursos se deberá canalizar a problemas específicos de cada estado, por ejemplo, atender la investigación de homicidios dolosos o la incidencia delictiva de robos.

Autoridades estatales advirtieron a la Federación de los graves problemas que enfrentan con la delincuencia organizada, incluido el robo de combustible. Otros pidieron apoyo para atender los asuntos fronterizos, la violencia familiar y la trata de personas.

Funcionarios federales les respondieron que habrá un apoyo sin precedente con la Guardia Nacional (aún no aprobada por el Legislativo), así como de otros programas sociales para los jóvenes.

El secretario ejecutivo del SNSP, Franco Fabbri, pidió a los estados trabajo conjunto y orientarse a los resultados.

Al encuentro asistió el auditor superior de la Federación, David Colmenares, quien se refirió a los mecanismos de control y transparencia en el gasto de la bolsa general de 11 mil millones de pesos, tanto los citados 7 mil del FASP como del subsidio a municipios, cuyo detalle se concluirá la semana entrante.

Al respecto se analizan las 266 regiones marcadas por la Secretaría de Seguridad federal, pero sobre todo se exploran vías de compras consolidadas con el propósito de obtener mejores precios de los proveedores de equipos para la seguridad pública.

Eunice Rendón, secretaria general adjunta del SNSP, les dijo que la inseguridad es multicausal, de ahí la importancia de trabajar con una estrategia intersecretarial, especialmente en aquellas poblaciones y zonas de mayor vulnerabilidad delictiva.