La técnica para extraer hidrocarburos conocida como fracking sigue vigente en México, manifestó el especialista en temas de energía Roberto Ochandio, quien expresó que existen debilidades en los lineamientos emitidos por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Comisión Nacional del Agua que regulan el uso de esa práctica en hidrocarburos no convencionales.

De acuerdo con la asociación civil Cartocrítica, 7 mil 879 pozos han sido trabajados con esa técnica y son 36 mil 159 fracturaciones en el país.

La asociación detalló que en materia de contratos y asignaciones vigentes para la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales existen 26 bloques adjudicados, de los cuales 25 fueron otorgados a Petróleos Mexicanos (Pemex).

El restante es un contrato otorgado bajo la modalidad de licencia, firmado en noviembre de 2018 por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Pemex Exploración y Producción y Operadora de Campos DWF para la exploración y extracción de recursos no convencionales entre Veracruz y Puebla, con una superficie de 140.8 kilómetros cuadrados. De cumplirse el compromiso del Ejecutivo, ninguno de esos bloques podrá ser fracturado nuevamente, apuntó la asociación.

Fallas

Roberto Ochandio, experto en extracción de hidrocarburos e impactos del fracking, criticó los lineamientos emitidos por la ASEA en 2017, los cuales describen las obligaciones de las empresas del sector energético, pero no indican cómo se hará para asegurarse que se cumplan, qué métodos legales se usarán para prevenir daños o qué consecuencias tendrá el incumplimiento de esas determinaciones.

El especialista alertó que quedan en manos de los regulados las obligaciones de monitoreo de operaciones, informe de daños eventuales, protección del medio ambiente e impactos en la salud y el medio ambiente. En ningún momento se indica cuáles serán las medidas en caso de incumplimiento, penalidades, publicación de daños o compensación a poblaciones afectadas.

Legalmente, dijo, las instituciones están obligadas a implementar esos deficientes lineamientos, por lo que la Alianza Mexicana contra el Fracking insiste en que, para materializar el compromiso de no permitir esa práctica, se requiere la prohibición expresa en la legislación.