Con el nuevo Plan Nacional de Salud, los gobiernos de los estados dejarán de recibir el dinero para la prestación de los servicios médicos. Todos los recursos económicos estarán bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud (Ssa) federal, la cual también se hará cargo de cubrir las plazas de personal, la compra de equipos, medicamentos y contratación de servicios que se requieran en las entidades.

Para garantizar la operación de las unidades médicas, en cada uno de los estados habrá un responsable directo –al que no se le llama delegado–, el cual será designado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.

El proyecto de la estrategia señala que la dependencia también será responsable de los trabajadores, unidades médicas, muebles y equipos.

Para ello, el Ejecutivo propondrá una reforma integral de la Ley General de Salud, a fin de eliminar el Seguro Popular y su estructura financiera. Se quitarán todas las referencias a la distribución de responsabilidades entre la Federación y los estados en materia de salud, señala el documento, cuya copia tiene La Jornada.

Los cambios se refieren a la aportación solidaria federal y la cuota social (ambas provenientes del gobierno federal), la aportación solidaria estatal y la cuota familiar que cubren las personas en los deciles de ingreso del V al X (los primeros –I a IV– están exentos de este pago). Todas éstas integran el presupuesto del actual Seguro Popular, cuyo diseño respondía al objetivo de obligar a los gobiernos estatales a invertir en el sector y de esa manera, asegurar que el factor económico dejara de ser un obstáculo para que los pacientes pudieran atender sus enfermedades.

En el diagnóstico sobre la situación del sistema nacional de salud, el proyecto del gobierno lopezobradorista resalta que luego de 15 años de funcionamiento del Seguro Popular, no se logró la cobertura universal de salud, pues 20 millones de mexicanos están excluidos de tal protección.

En tanto, de las personas afiliadas a ese esquema creado en 2003 por reforma de ley, tienen acceso sólo a 20 por ciento de los servicios médicos posibles. Significa que en el país la protección de la salud, prevista en el artículo cuarto constitucional, es todavía una aspiración que está lejos de cumplirse.

También reitera sobre los problemas que afectan al sistema sanitario: corrupción y tráfico de influencias. Además de la segmentación de instituciones, desde hace cuatro años el presupuesto del sector ha disminuido.

En cuanto a la infraestructura, el documento insiste en que existen instalaciones abandonadas, hay sobrecarga de los servicios y falta de personal, carencia de medicamentos e insumos básicos.

Subraya que para poder recibir la atención médica, los usuarios se enfrentan a tiempos de espera prolongados y un trato deshumanizado. La situación es grave para toda la población, pero se observa mayor inequidad en el sector más vulnerable.

Más adelante, el plan indica que si bien la Ssa tendrá el control de los recursos y aumentará su capacidad regulatoria, se mantendrá la obligación del gobierno federal de enviar a los estados la parte proporcional que les corresponda del Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (Fassa), pero con mecanismos de vigilancia y fiscalización para un uso transparente, eficiente y sin corrupción.

El plan establece como metas a corto plazo el abasto de medicamentos, el mantenimiento de inmuebles y equipo, así como la contratación de personal necesario.

En el mediano plazo (dos años) cuando la federalización de los servicios de salud deberá estar en operación en todo el país, las metas son ampliar la infraestructura, contar con un sistema de control en tiempo real de abasto de medicinas e insumos y dar mantenimiento preventivo a unidades y equipos.