a negativa de los gobiernos de México y Uruguay a respaldar el golpe de Estado intentado el miércoles en Venezuela por el diputado opositor Juan Guaidó, quien con respaldo de Washington se proclamó presidente encargado en ese país sudamericano, podría ser la clave para abrir un margen al diálogo y la negociación orientada a encontrar una solución pacífica a la crisis política venezolana.

A diferencia de Cuba y Bolivia, que manifestaron su respaldo a la presidencia de Nicolás Maduro, con el cual tienen una clara afinidad ideológica; de Rusia, nación con la que el gobierno chavista mantiene intereses estratégicos comunes, y de la mayoría de los países del continente, que se alinearon con la Casa Blanca en el desfiguro del reconocimiento al golpista, las diplomacias mexicana y uruguaya mantuvieron una posición ecuánime y de principios, se atuvieron a las normas de no intervención y autodeterminación y generaron, de esa forma, el espacio para un arreglo con acompañamiento, pero sin injerencia.

Ayer Maduro hizo saber su disposición a un nuevo proceso de diálogo con la oposición y bajo los auspicios de Uruguay y México, una decisión que en lo inmediato le quita combustible a la confrontación y frustra los planes de polarización de la potencia del norte.

Es claro que Estados Unidos intentó aprovechar la escena protagonizada por Guaidó para impulsar una polarización extrema de la sociedad venezolana y para amenazar a Caracas con una agresión militar, con la finalidad de generar el escenario de una intervención en toda regla; así lo confirmó un día después la convocatoria estadunidense al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para abordar el caso de Venezuela, como si esa nación representara una amenaza a la paz internacional.

Sin embargo, el gobierno de Donald Trump no logró configurar los alineamientos mundiales y regionales que habría requerido para ahondar el conflicto interno venezolano hasta el punto de una insurrección antigubernamental que le permitiera a Washington instaurar una cabeza de playa definida, si no militar al menos política, en el país sudamericano. Ello no sólo se debió a la postura mexicano-uruguaya sino también a la que asumió la Unión Europea, que si bien pidió la realización de nuevas elecciones, no llegó hasta el punto de reconocer al diputado opositor autodesignado presidente de Venezuela.

En suma, los acontecimientos posteriores a la intentona golpista confirman que el gobierno mexicano actuó en forma correcta y de la manera más constructiva, al abstenerse de intervenir en la crisis política del país sudamericano, pues por un lado indujo a Maduro a ofrecer negociación y diálogo y, por otro, colocó a sus opositores ante la disyuntiva entre aceptar tal invitación y asumir el costo político de una ruptura total. Cabe felicitarse por ello y por el hecho de que nuestro país recupere lo mejor de su doctrina y de su praxis diplomática, las cuales lo colocaron en el pasado reciente como un referente de pertinencia, sensatez y dignidad en el ámbito internacional.