La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enviará a México al primer grupo de migrantes extranjeros que buscan asilo, en lo que son desahogados sus procesos, confirmó el gobierno mexicano.

La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, detalló que la recepción de peticionarios de asilo se realiza como una medida humanitaria y en congruencia con la recepción de centroamericanos.

Indicó que el grupo mencionado estaría integrado por unos 20 migrantes a quienes es posible que nuestro país les otorgue visas humanitarias. Es una medida unilateral que nos está imponiendo Estados Unidos, insistió la funcionaria.

Tenemos varias opciones: deportarlos, pero no los vamos a deportar porque no lo hicimos con los del sur; probablemente les demos una visa humanitaria, dijo.

Al ser entrevistada en Palacio Nacional subrayó que México continuará con su programa de registro en la frontera sur. Hasta la tarde de este jueves el Instituto Nacional de Migración reportó el registro de 9 mil 957 solicitudes de visitantes por razones humanitarias de adultos y 2 mil 346 menores de edad. La mayoría de Centroamérica.

Los extranjeros comenzarán a llegar a Tijuana, Baja California, donde miles de centroamericanos que llegaron en noviembre del año pasado en caravana a esta zona fronteriza, permanecen en albergues en espera de ingresar de manera ordenada al vecino del norte.

Desde diciembre pasado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) argumentó que aceptó brindar protección a esta población por razones humanitarias. La medida, aseguró la oficina a cargo del canciller Marcelo Ebrard, se tomó de manera unilateral por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos de América (DHS por sus siglas en inglés),

Esta estrategia ha sido cuestionada por organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto nacionales, como extranjeras debido a que –en su opinión– con ello México ayuda al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump a trasgredir los derechos.

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) opinó que al aceptar la devolución o el traslado de personas que buscan asilo en la Unión Americana a México, nuestro país es cómplice de las políticas de Estados Unidos que viola los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo.

Asimismo, consideró que este plan es una clara violación del derecho internacional y de Estados Unidos y será litigado en los tribunales del país norteamericano.

En México, organizaciones como Sin Fronteras y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) consideraron que la política de EU, no sólo es un esfuerzo por externalizar su frontera hacia territorio mexicano, sino también una violación al debido proceso de las personas solicitantes de asilo, ya que hará más difícil la asesoría legal y la capacidad de presentar argumentos legítimos de defensa en su proceso ante los tribunales estadunidenses.

Además de obstaculizar el derecho a la unidad familiar, otro de los efectos colaterales de la diáspora centroamericana.