La Fiscalía General de la República (FGR) tiene 23 expedientes abiertos sobre la probable participación de 64 ex funcionarios de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de Desarrollo Social (Sedesol) en el desvío de recursos por más de 800 millones de pesos durante la gestión de Rosario Robles Berlanga.

Al dar a conocer los avances sobre la investigación de esas prácticas detectadas en las dependencias que encabezó Robles Berlanga en el sexenio pasado, el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, informó que ya hay cuatro carpetas judicializadas en las que seis ex funcionarios de Sedatu han sido vinculados a proceso, quienes siguen en libertad por tratarse de un delito no grave.

Acompañado por Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, subprocurador especializado en Investigación de Delitos Federales, Gertz Manero destacó que sin excepción llamarán a declarar a todas las personas que tengan que ver con ese caso, porque vamos a llegar hasta el fondo; sin embargo, reconoció que enfrentan obstáculos procesales porque creo que el marco legislativo nos está dificultando mucho.

Advirtió que quienes están sujetos al proceso están interponiendo una serie de amparos y haciendo toda clase de gestiones para no ser sancionados.

Para dar más detalle, el subprocurador Muñoz Vázquez mencionó que de los 23 expedientes, tres son averiguaciones previas y 20 carpetas de investigación. Cuatro de ellas han sido presentadas ante el juez, por lo que ya inició el proceso.

Explicó que son investigados por delitos de servidores públicos como peculado, ejercicio indebido del servicio público. Los hechos en general de todas las carpetas de investigación consisten en contrataciones indebidas, contrataciones en las que los servicios no fueron prestados, en triangulaciones de dinero que se hicieron para desviar los recursos.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que hay tres funcionarios en Pemex que estuvieron involucrados de una o de otra manera en los contratos denunciados por ser parte de un presunto desvío millonario de recursos públicos en la administración federal pasada.

Recalcó que, sin considerarlos culpables, les fue pedida información sobre su participación, tras lo cual respondieron que no tuvieron responsabilidad en dichos contratos.

No obstante, el mandatario pidió a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, un dictamen a más tardar en una semana para reunir todos los elementos sobre el caso para no cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad.

Subrayó que su gobierno mantendrá como criterio que no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes, ya sea por corrupción, tanto si participaron, como si omitieron denunciar esta clase de actos.