Javier, Eduardo, Ricardo y Rodrigo Bours Castelo son los integrantes principales del consorcio empresarial Grupo Bours, que opera cientos de empresas en todos los rubros. Megacable y Bachoco son quizá las más reconocidas, pero también tienen intereses en desarrollos empresariales en agricultura, ganadería, transporte y financiamiento.

El éxito de la familia está ligado estrechamente al poder político. El padre de ellos y por lo menos tres de los hermanos han incursionado en la política: Eduardo, como senador y gobernador de Sonora. Ricardo, como presidente municipal y hoy, según trascendidos de aquella entidad, pretende ser candidato a gobernador. Y Rodrigo fue candidato independiente a la presidencia municipal de Cajeme, su ciudad natal.

De acuerdo con diversos analistas sonorenses, el clan Bours tiene un peso político muy importante en la entidad. Pelea cada posición para designar a sus incondicionales. Exige espacios, cuotas y nombramientos. Es su estilo y estrategia. No se conciben las empresas Bours separadas de la actividad política.

Han amasado una gran cantidad de poder económico y político de la mano de excesos que en Sonora se conocen y comentan. Así sucedió con la llegada de Eduardo Bours al gobierno de Sonora en 2003. Tan pronto como tomó posesión del gobierno estatal se expandieron sus negocios y empresas familiares. Su hermano Ricardo fue nombrado titular del organismo de promoción económica.

El clan fue implacable con sus adversarios empresariales y políticos. Si alguien criticaba su gestión, Bours no dudaba en amenazarlo. Incluso, en una ocasión le mentó la madre a maestros que protestaban fuera de un acto oficial.

Estos hechos denotan el talante autoritario de la familia. El antecedente de la gestión de Bours en el gobierno de Sonora sigue presente en sus acciones hasta la fecha.

No hace mucho Vimifos, una de las empresas del Grupo Bours, dedicada al suministro de alimentos para cerdo, res, camarón, peces y otras especies, presumiblemente utilizó el tráfico de influencias en Jalisco para encarcelar a los integrantes de una familia por motivos estrictamente mercantiles. Así lo refiere La Jornada en algunas notas publicadas en noviembre de 2018.

La familia Galaz Torrecillas acudió a la empresa Vimifos solicitando un crédito para adquirir alimento camaronero. Al no estar en posibilidad de continuar cubriendo los pagos correspondientes, la familia Bours desató una persecución judicial extraordinaria en su contra que tiene al matrimonio Galaz Torrecillas y a otras personas en la cárcel. El conflicto debió resolverse en los juzgados mercantiles.

La hija del matrimonio Galaz denunció el atropello ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Señaló asimismo la corrupción existente entre jueces y la empresa de la familia Bours.

La furia que desató Vimifos empezó en Sonora, pero un agente del Ministerio Público determinó que no había elementos para consignarlos.

La empresa interpuso entonces una denuncia en Jalisco, a pesar de que no era la jurisdicción adecuada. Con la ayuda de un agente del Ministerio Público y el juez noveno de lo penal fueron detenidos Alejandra Torrecillas, socia de la empresa camaronícola; Eleazar Reyes, contador, y hasta un cocinero de nombre Ramón Roberto Ruiz Ruiz.

Posteriormente, cuando trataba de defender a su esposa, a Gustavo Galaz le fue girada una orden de aprehensión. Ahora se encuentra en el penal de Puente Grande. (https://bit.ly/2sId8i5)

Aun cuando se concediera que los Galaz Torrecillas cometieron un fraude, podrían seguir su proceso en libertad. Sin embargo, continúan en el penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, como si fueran peligrosos criminales.

El conflicto ha escalado a niveles de complicidad judicial que sólo se explican cuando hay intereses superiores atrás del litigio.

A los acusados les han otorgado amparos y se ha ordenado al juez que remita el caso a Sonora. Sin embargo, los Bours se han valido de argucias legales para provocar un daño (https://bit.ly/2sJIZ1I).

Por conveniencia, los Bours utilizaron sus redes de influencia en Jalisco para seguir un procedimiento legal repleto de irregularidades. Al día de hoy, la CNDH continúa su indagatoria para emitir, en su caso, una recomendación. Pero en lo que eso sucede, una familia y terceros ajenos al conflicto son víctimas del poder de la familia Bours.

Este caso de abuso de poder y tráfico de influencias en contra de una familia no es el primero en que el clan Bours actúa de esa forma.

A Roberto Rendón López, quien fuera director financiero y representante del Grupo Bours, lo involucraron en un caso de fraude fiscal por evasión del pago del impuesto sobre la renta. Él ha salido a denunciar los abusos cometidos en su contra por la familia.

Rendón López, por medio de juicios de amparo, reveló la trama en la que incurre el Grupo Financiero Bours para evadir impuestos mediante operaciones simuladas y la utilización de paraísos fiscales en el extranjero, como Panamá, Honduras, Suiza y Colombia.

Las operaciones financieras, de acuerdo con el ex directivo de empresas Bours, las realizaban los hermanos Javier, Eduardo, Ricardo y Rodrigo Robinson Bours Castelo, e incluso ya habían sido registrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo del entonces titular Luis Videgaray.

A la fecha, ha trascendido que la Procuraduría Fiscal de la Federación ya revisa el expediente, que contendría información sobre la evasión de miles de millones de pesos en impuestos.

El propio Rendón López ha denunciado a Francisco Javier Bours Castelo, José Gerardo, José Rodrigo y Ricardo, todos de apellidos Robinson Bours Castelo; así como a Arturo y José Francisco, ambos de apellidos Bours Griffith, por los delitos de asociación delictuosa, falsificación de documentos, fraude, falsedad de declaraciones judiciales y provocación de un delito.

El principal propósito de esta denuncia consiste en la utilización, por parte del clan Bours, de la firma electrónica de Rendón López para evadir el pago de impuestos. Sin embargo, en las fechas de referencia Rendón López ya estaba recluido. Esta indagatoria se encuentra en la carpeta de investigación CI 2243/18, a cargo de la Procuraduría General de la República.

El ex directivo financiero de los Bours ha declarado que la modalidad de fraude fiscal se lleva a cabo en múltiples empresas del grupo. De seguir su curso las investigaciones, la familia más poderosa de Sonora podría ser una de las primeras en enfrentar la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de separar el interés público del interés económico.

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