El Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas debe revisarse para detectar posibles fallas en el esquema de seguridad y cuidado de los beneficiarios, demandó el Consejo Consultivo de esa instancia –integrado por activistas y comunicadores–, luego del asesinato de dos personas que contaban con medidas cautelares de esa instancia.

En tanto, Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT), fustigó la imperante violencia contra activistas y comunicadores y subrayó que el mecanismo –operado por la Secretaría de Gobernación– tiene la responsabilidad de hacer accesibles medidas de protección a estos grupos, por lo que debe reforzarse.

Estas voces se unen al reclamo de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el martes llamó a realizar una profunda reflexión sobre la eficacia del mecanismo.

De acuerdo con la RedTDT, en lo que va del año han sido asesinados cinco defensores de derechos y un periodista. Se trata de Gustavo Cruz y Bernardo García, de las comunidades Cerro Caliente y Zimatlán, en Oaxaca; en Chiapas, Sinar Corzo, de la organización Coloso de Piedra; José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, del Movimiento por la Paz, la Justicia y el Bien Común de Amatán; así como Rafael Murúa, director de la radio comunitaria Kashana en Baja California Sur. Cabe destacar que Jiménez y Murúa contaban con medidas cautelares del mecanismo.

El Consejo Consultivo emitió ayer un posicionamiento por estos homicidios y exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador impulsar una política integral de amparo para defensores de derechos y periodistas, que cuente con perspectiva de género y un enfoque diferencial; así como impulsar una investigación inmediata por esos crímenes para conocer la verdad y sancionar a los responsables materiales e intelectuales.

El Presidente de la República, subrayó, debe garantizar la acción inmediata, oportuna y efectiva de las medidas de protección que el gobierno federal implemente para hacer efectivo el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.

Solicitó al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, terminar con la impunidad en los atentados contra comunicadores y activistas, y eliminar el rezago en las investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

Los consejeros mostraron su preocupación por la falta de acción para proteger a 31 personas de Amatán, Oaxaca, incorporadas al mecanismo, que se encuentran en un mayor nivel de riesgo.

El secretario ejecutivo de la RedTDT dijo que los seis crímenes representan un hecho inédito, pues cinco se perpetraron entre el 19 y el 21 de enero.