El secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, informó que se tienen abiertas nueve investigaciones contra el sindicato y la anterior dirección del Cuerpo de Bomberos, y advirtió que de encontrarse indicios de responsabilidad penal se dará vista a la Procuraduría General de Justicia capitalina.

Se trata, explicó en entrevista con este diario, de denuncias formales hechas por trabajadores de la institución, como la atribución de facultades por el gremio que sólo corresponden a la dirección de la institución.

El involucramiento y casi la fusión que existe entre la anterior administración del Cuerpo de Bomberos y el sindicato, la mezcla que existe ahí no muy clara para el tema de la administración, pues no se delimita claramente entre la función de uno y otro.

Agregó que también se han presentado quejas por el uso indebido de uniformes y vehículos de la corporación, así como acoso y agresiones contra los empleados, todo derivado, en una gran proporción, del propio sindicato.

Serrano Mendoza señaló que antes de que termine este mes se determinará si hay responsabilidades administrativas por el otorgamiento irregular de 330 plazas, pactada mediante un convenio entre el sindicato y el anterior director de Bomberos, sin que este último tuviera facultades para tomar una decisión de ese tipo.

Insistió en que de acuerdo con una investigación realizada por la Contraloría General en la pasada administración, dicha apertura de puestos se hizo fuera de norma, y pese a ello se permitió que esas personas ingresaran a la corporación.

Incluso, agregó, en la tercera sesión extraordinaria de la junta de gobierno de la corporación, celebrada el 26 de septiembre, tanto el contralor interno como la Secretaría de Finanzas alertaron que dicha contratación no tenía validez, debido a que no se contaba con suficiencia presupuestaria para tal fin, pues sólo se tenían recursos para pagar los salarios de esas personas por tres meses.

Agregó que también hay un documento firmado de la Subsecretaría de Capital Humano, en el que se señala que se puede celebrar la contratación siempre y cuando también se cuente con el presupuesto necesario; y entonces lo que hicieron de forma incorrecta fue que actuaron con el argumento de que había recursos para pagar salarios por tres meses.

Sin embargo, subrayó, la anterior gestión de la Contraloría General capitalina no deslindó responsabilidades por esta situación, motivo por el cual la secretaría a su cargo retomó la investigación para identificar y determinar quién o quiénes son los responsables de permitir a esas personas laborar en el Cuerpo de Bomberos.