A partir de este año desaparecen los programas sociales que reparten despensas en la Ciudad de México, señaló la jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, quien ayer presentó el Observatorio Ciudadano por los Derechos Sociales y la Democracia, que se encargará de vigilar que la política social no sea utilizada con fines clientelares.

Asimismo, anunció que la próxima semana enviará al Congreso local una iniciativa de reforma a las leyes de Presupuesto y Gasto Eficiente y de Desarrollo Social para regular las llamadas acciones institucionales, implantadas principalmente por las alcaldías para repartir distintos tipos de apoyos.

Dicha propuesta contempla que esas acciones no se podrán realizar a seis meses de una elección, salvo en casos de emergencia, y tendrán que ser aprobadas por el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa).

Ya no se va a permitir esta repartidera de despensas, a partir de una compra del voto o una clientela política, advirtió la titular del Ejecutivo local en su conferencia de la mañana en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Señaló que hay una reorientación de varios programas sociales en los que había una simulación de que estaban cumpliendo derechos, cuando en realidad no era así; además, habrá otros nuevos, como el de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), en tanto que otros, como el de desayunos escolares y Educación Inicial, se van a ampliar.

Sheinbaum Pardo dijo que se trabaja en la elaboración de un solo padrón de programas sociales, por lo que se revisa, por ejemplo, que no haya tres apoyos para una misma persona, además de que va a crear un portal electrónico en el que se podrá consultar la información sobre los programas sociales del gobierno.

En cuanto al observatorio, la titular de Evalúa, Araceli Damián González, señaló que tiene facultades para emitir recomendaciones vinculantes, las cuales tendrán que ser acatadas de acuerdo con la Ley de Desarrollo Social.

Dicho organismo está formado por representantes de organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Oxfam, académicos y agrupaciones sociales, y tendrá asistencia técnica en materia de infancia por el Unicef.