más de 20 años de la firma del Acuerdo de Belfast entre los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que habría de poner fin al añejo conflicto entre protestantes unionistas y católicos separatistas en Norirlanda, y que estableció allí un régimen autónomo pero vinculado a Londres, todavía existen remanentes de violencia y descontento por el estatuto de esa región irlandesa.
Lo anterior lo puso de manifiesto el atentado perpetrado ayer en Londonderry, que afortunadamente no provocó decesos pero cimbró a esa localidad y estremeció las certezas acerca de la solidez de la paz establecida hace dos décadas.
La autoría del ataque fue atribuida por la policía a una rama disidente del Ejército Republicano Irlandés (ERI), el cual mantuvo durante la segunda mitad del siglo pasado una lucha armada para lograr la separación de Irlanda del Norte del Imperio británico y su anexión a la República de Irlanda, independizada desde 1922.
Cierto es que después de dos décadas en las que el proceso de paz se ha roto en muy contadas ocasiones, un ataque dinamitero que habría podido provocar incontables víctimas, como el de ayer, podría parecer no sólo criminal –que lo fue– sino también anacrónico. Pero no lo es: lo que ha reactivado a los sectores radicales del independentismo y del unionismo es la polémica por el estatuto de Irlanda del Norte tras la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea (UE).
En efecto, en el acuerdo firmado por Londres y Bruselas para concretar el Brexit, o la separación inglesa de la Europa comunitaria, se estableció que Irlanda del Norte sería una zona de excepción que permanecería dentro del ámbito aduanero de la UE por tiempo indefinido.
Para los norirlandeses unionistas, esa disposición quebraría la integridad territorial de Gran Bretaña. Los republicanos católicos, por su parte, han rechazado en forma persistente la posibilidad de ser incluidos en el Brexit y han manifestado su deseo de permanecer en el ámbito del bloque europeo.
Esa confrontación ha empantanado el escenario político en el territorio, ha impedido la conformación de un nuevo gobierno y ha paralizado el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. En suma, el añejo conflicto de Irlanda del Norte parece estar siendo reactivado por la determinación de los británicos de abandonar la Unión Europea. Se trata de una de las consecuencias del Brexit que hasta hace poco resultaban insospechadas y ahora plantean disyuntivas cuya solución no se encuentra a la vista.
Cabe esperar que los políticos norirlandeses de ambos bandos –independentistas y unionistas– sean capaces de encontrar una salida y evitar el total agotamiento de las vías políticas, pues de llegar a semejante escenario el retorno de la violencia podría resultar inevitable.
