El espacio público no se puede privatizar y cualquier procedimiento realizado para permitir que la Universidad Panamericana (UP) se apropiara de la calle Valencia, en la colonia Insurgentes Mixcoac, tiene que ser revisado por las autoridades de la alcaldía y el propio gobierno local, señaló el diputado local de Morena Carlos Hernández Mirón, integrante de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de Ciudad de México.

El legislador afirmó que así sea una vialidad cerrada o con poco tránsito no deja de ser espacio público, por lo que consideró prudente y necesario que los vecinos de Benito Juárez acudan directamente a las instancias de gobierno, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) para revisar los planos con el fin de tener certidumbre del estatus de la calle que se apropió la universidad y, de ser el caso, exigir su restitución.

Agregó que en la ciudad hay una lucha por parte de los ciudadanos para evitar la privatización de espacios públicos, además de que la Constitución de Ciudad de México garantiza el derecho al espacio público y obliga expresamente a las autoridades capitalinas a garantizar su carácter colectivo, comunitario y participativo, así como promover su creación y regeneración en condiciones de calidad, igualdad, inclusión, accesibilidad, de apertura y seguridad que favorezcan la construcción de ciudadanía y eviten su privatización.

El que una calle no tenga un gran uso por las personas no puede ser criterio para determinar si se puede cerrar o privatizar, menos en esta administración en que la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como eje la defensa y recuperación de espacios públicos, como lo ha demostrado con las jornadas de tequio, apuntó Hernández Mirón, quien presidió en la sexta legislatura de la extinta Asamblea la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana.

Al respecto, el alcalde de Iztacalco, Armando Quintero, dijo que las alcaldías no están en condiciones de desincorporar un espacio público en favor de un particular porque los órganos político administrativos carecen de patrimonio propio.

Agregó que las alcaldías sí son responsables de liberar de obstáculos las vialidades y si bien en Iztacalco no hay casos como ese, su política es de total recuperación de calles y espacios públicos.