Para llegar a conocer la verdad de lo que sucedió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos, personajes involucrados como Sidronio Casarrubias Salgado, líder de Guerreros Unidos; el ex alcalde de Iguala José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, internos en diversos penales federales, podrían colaborar, a cambio de un beneficio, para tener de primera mano la versión sobre los hechos del 26 de septiembre de 2014.

La comisión que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, partirá de varias versiones: la verdad histórica de la Procuraduría General de la República (PGR), así como los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que se contraponen a la interpretación oficial.

Aunado a ello, queda pendiente que la Fiscalía General de la República instale la comisión de investigación ordenada por un tribunal del Poder Judicial de la Federación.

Si bien la comisión para la verdad es un mecanismo de coordinación entre las distintas dependencias, como la Secretaría de Relaciones Exteriores y Hacienda y Crédito Público, podrá solicitar a la Fiscalía General de la República toda la información que se requiera relacionada con la investigación penal.

Además, tendrá la facultad de diseñar un programa para que los detenidos puedan colaborar a cambio de beneficios o bien cualquier persona que tenga información importante podría recibir algún incentivo.

La verdad histórica se sostiene en las declaraciones de detenidos como Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Gómez, El Jona, y Agustín García Reyes, El Chereje.

Según sus señalamientos, que constan en el expediente del caso, aseguran que los normalistas fueron calcinados con diésel, llantas y todo lo que encontraban para mantener el fuego en el basurero de Cocula y luego arrojar sus cenizas al río San Juan.

Por otra parte, el GIEI concluyó que, de acuerdo con imágenes satelitales, no se registró ningún incendio en el tiradero de Cocula ente los días 26 y 27 de septiembre.

Mientras, el EAAF aseguró en el reporte de su peritaje que en dicho vertedero de desechos no fueron quemados los estudiantes normalistas, pues la investigación de la PGR no tiene evidencia física ni testimonial.

Por otra parte, los resultados del grupo colegiado creado por la PGR con expertos internacionales en materia de fuego sostiene que hay evidencias científicas que permiten determinar que en el tiradero sí hubo fuego controlado de grandes dimensiones y que al menos 17 personas adultas fueron quemadas en el lugar; sin embargo, no se tienen pruebas que hayan sido los normalistas.