La crisis de las personas desaparecidas en México se evidencia no sólo por la gran cantidad de casos sino por el posible extravío de cadáveres o entregas equivocadas a familiares, advirtió Roberto Cabrera Alfaro, primer titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Al hacer un recuento de las acciones realizadas por esta comisión, informó que actualmente el registro de personas desaparecidas está integrado por 40 mil 180 nombres (2 mil 695 más que lo reportado hace tres meses).

El informe de la CNB reveló que entidades federativas no han respondido cientos de solicitudes de información relativas a la ubicación –a escala nacional– de mil 500 cadáveres, cuyo ingreso, a sus áreas forenses, reportaron en su momento a Plataforma México.

Lo anterior, dijo Cabrera Alfaro ante la prensa, podría representar en el peor de los casos que se desconozca el paradero del cuerpo. Lo vimos en Tetelcingo (Morelos) y lo hemos visto en otras entidades, desafortunadamente.

Jalisco es una de las entidades con mayor cúmulo de expedientes no aclarados, respecto al destino de cadáveres, donde de una lista general (de 658 registros, La Jornada 28 de diciembre 2018) sólo se ha documentado el origen, características y destino de apenas una veintena. De los demás nos han dicho que no saben dónde está la carpeta y si no saben eso, lamentablemente es muy probable que desconozcan dónde está el cuerpo, subrayó Cabrera Alfaro, quien presentó su renuncia al cargo a partir del 15 de enero.

El funcionario presentó datos que muestran no sólo una situación preocupante sino otros que generan alertas de procesos erróneos.

En muchas entidades se han entregado a familiares que no corresponden, comentó en otra parte de la conferencia de prensa.

Las cifras dadas ayer por la CNB muestran que los avances son escasos respecto al cúmulo total.

Con el apoyo de distintas instancias se logró dar identidad a “más de 400 personas que estaban –algunos desde hace una década– en calidad de desconocidas.

Sin embargo, de estas sólo 20 estaban reportadas como desaparecidas, lo cual genera sospecha entre los expertos.

Lo anterior, más que responder a las preguntas iniciales, genera más y nuevas interrogantes: ¿a qué se debe que no cuenten con reporte?, ¿cuántas más pudieran encontrarse en esta situación?, dijo Cabrera Alfaro.

El avance y cotejo positivo se da, hasta el momento, en apenas 0.9 por ciento de los 40 mil 180 que persisten en calidad de desaparecidos (de una base general, del fuero común, de 99 mil 129 registros del 2006 a la fecha, de los que fueron encontrados con vida 62 mil 436).

Las entidades con mayor número de personas no localizadas son: Tamaulipas (5 mil 993), estado de México (3 mil 891), Jalisco (3 mil 434), Sinaloa (3 mil 31) y Nuevo León (2 mil 927).

La comisión logró generar una base de datos de información genética con más de 50 mil perfiles de familiares de personas desaparecidas y restos óseos.

De ese cúmulo se desprenden resultados positivos o coincidencias en más de mil 500, en proceso de verificación.

Esa tarea, dijo el responsable de la comisión, es un avance para la integración de la Base Nacional de Datos Forenses (que ordena la ley de desaparición), así como otro de datos biométricos que se alimentará con fotografías y huellas de personas en situación de calle y albergues, a fin de confrontar con la identidad digital de las personas desaparecidas.