Apenas llegar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea tiene retos al interior y exterior de todo el Poder Judicial Federal. El primero es afirmar la independencia judicial, pero no sólo en las resoluciones de jueces, magistrados y ministros, sino en lograr que se mantengan las condiciones para que la función judicial sea atractiva, digna y estable como para atraer y mantener a buenos elementos dentro de un marco de transparencia y honestidad.

El trabajo judicial como elección vitalicia no conlleva el ánimo de lucro ni el abuso en su ejercicio. Miles de personas durante generaciones han entregado la salud, la familia y hasta la vida para que el Poder Judicial proteja a todos los mexicanos. Se publicita poco el número de jueces y magistrados muertos a manos de la delincuencia; se publicita menos la cantidad de funcionarios (desde intendentes hasta proyectistas, incluidos titulares) que sufren padecimientos crónicos derivados de jornadas laborales prolongadas y sostenidas de más de 15 horas diarias, incluidos fines de semana o que son agredidos en la función. Las guardias para asuntos urgentes implican días enteros con el personal recluido en el juzgado para ofrecer una protección eficaz a la ciudadanía que acude en petición de amparo en asuntos urgentes (destierro, peligro de la vida, etc.), con el riesgo para quienes laboran ahí, tanto en las responsabilidades penales y administrativas derivadas de las suspensiones y demás resoluciones urgentes, como en la salud de los trabajadores judiciales: el Poder Judicial Federal es el único que trabaja ininterrumpidamente todos los días del año: siempre hay un juzgado para atender asuntos urgentes. El nuevo Presidente debe velar por las condiciones de vida de tales funcionarios y ser inmisericorde con quienes abusen del cargo, pues tan corrompido está quien recibe dinero por resolver indebidamente, como quien cobra sin trabajar o cobra horas extras no generadas o solapa aviadores.

En su larga labor académica y de litigante, el nuevo Ministro Presidente debió tomar conocimiento directo de las problemáticas judiciales que no son divulgadas y que sólo quienes acuden regularmente en la vía federal conocen, especialmente en contraposición con algunos poderes jurisdiccionales locales. La apertura que ha anunciado debe mostrar no sólo el alcance de las resoluciones, también la labor sostenida y numéricamente abrumadora de Juzgados y Tribunales. El impulso que ha dado en terrenos antes considerados tabúes, como la legalización de la marihuana para fines médicos, debe hacerse extensivo a esa transparencia. Precisamente por no haber sido Juez o Magistrado antes de ser Ministro, sabe de las necesidades sociales que deben colmarse: entre otras, la de mostrar el funcionamiento y alcances del quehacer judicial. Se teme lo que se desconoce, se confía en lo cercano.

El Ministro Presidente ha evidenciado su disposición de actuar en conjunto con los demás poderes de la Unión, pero tal cooperación no se traduce en sumisión. Las resoluciones judiciales en Juzgados y Tribunales se dictan sin interferencia de Ministros o Consejeros: ahora debe extenderse esta situación a políticos y legisladores.

Quizá su mayor reto interno, por el momento, sea eficientar al Consejo de la Judicatura para sacar adelante la reforma laboral a pesar de los recortes presupuestales. Pocos Presidentes en la Suprema Corte han enfrentado condiciones político-sociales tan complejas al tomar el cargo.

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Con la notable calidad de sus publicaciones, el INACIPE (Instituto Nacional de Ciencias Penales) edita la obra Seguridad y Justicia penal en la industria energética donde diversos autores estudian las conductas delictivas comunes en el sector eléctrico y de hidrocarburos en México, así como los mecanismos involucrados. Destaca el estudio sobre la responsabilidad de empresas, dejando la idea de que sólo las personas físicas pueden ser sancionadas penalmente. En momentos donde la distribución de la gasolina conlleva reclamos sociales, este libro resulta indispensable para comprender tal problemática, en su vertiente penal.

Editor Ricardo Guzmán Wolffer

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