Antes de aprobar la Guardia Nacional los legisladores federales tendrían que haber tomado en cuenta e incorporar al dictamen los argumentos que organismos nacionales e internacionales, expertos, académicos y grupos civiles esgrimieron en los recientes foros realizados en la Cámara de Diputados, en especial los presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Así lo señaló la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), integrada por las comisiones de defensa y protección de las garantías fundamentales de las 32 entidades federativas del país y la CNDH.

En tanto, el colectivo #SeguridadSinGuerra lamentó que los legisladores que votaron en favor de esa corporación ignoraron la evidencia que especialistas y activistas en materia de seguridad y justicia presentaron durante los foros efectuados en San Lázaro, por lo cual exigieron, en particular al grupo parlamentario de Morena, no usar nuestros nombres para legitimar el proceso que puede culminar con la aprobación de la Guardia Nacional.

En un posicionamiento emitido la víspera de que se aprobara la nueva corporación, la FMOPDH destacó que los legisladores deben incoporar las propuestas presentadas el jueves pasado por los titulares de la ONU-DH, Jan Jarab, y de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, quienes advirtieron de los riesgos de militarizar la seguridad pública.

Durante las audiencias celebradas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, González Pérez propuso crear una corporación intermedia de carácter civil que coadyuve en la transición entre la intervención militar directa en tareas de seguridad pública y las policías. Planteó que el Estado mexicano consulte a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) sobre la compatibilidad de la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano en la materia y enfatizó que la garantía de los derechos de los ciudadanos no puede quedar depositada en estructuras militares.

Jan Jarab manifestó que la Guardia Nacional contraviene los parámetros de la Coridh y demandó al Estado mexicano adoptar una fórmula que permita el retiro gradual, ordenado, planificado, medible y verificable de las fuerzas armadas de dichas labores; garantizar el cáracter excepcional y temporal de su participación; asegurar su supeditación a la autoridad civil; fortalecer a las corporaciones civiles; fomentar la corresponsabilidad entre los diferentes órdenes de gobierno e incorporar un régimen efectivo de control y rendición de cuentas que inhiba el abuso y la violación a los derechos humanos.

#SeguridadSinGuerra criticó la creación de una corporación de estructura y mando operativo militar que, lejos de solucionar los problemas de inseguridad y violencia, podría agravarlos, además de que es contraria a las recomendaciones de organismos internacionales.