A diferencia de la administración anterior, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha mostrado un importante viraje para cambiar el rumbo de la investigación del caso Ayotzinapa y con ello manifiesta que alcanzar la verdad y la justicia es un compromiso de Estado, señalaron representantes de organismos internacionales.

Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó el compromiso del nuevo gobierno federal para dar continuidad a una parte de las investigaciones, reformular algunas líneas de investigación y abrir nuevas, así como atender las recomendaciones de diferentes instancias.

El gobierno tiene frente a sí un gran reto, el cual exige seriedad y respuestas. Indiscutiblemente hay un viraje en esa posición, a diferencia de la administración anterior (de Enrique Peña Nieto), porque hay apertura para evaluar, revisar y reformular las líneas de investigación.

La comisionada indicó que la CIDH ya cuenta con una propuesta metodológica que presentará al Estado mexicano con la finalidad de que sus expertos puedan coadyuvar con la recién instalada Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.

El representante en México de la alto comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, aplaudió el compromiso para llegar a la verdad y la justicia del presidente López Obrador y sus colaboradores.

Para nosotros este viraje es una esperanza para poder cambiar el rumbo de la investigación y así deslindar las responsabilidades de quienes hayan participado (en los hechos y en las irregularidades). En el nivel simbólico es un mensaje de que en el futuro no se protegerá a personas, particulares o servidores públicos que incurran en graves violaciones a derechos humanos.

Señaló que la oficina a su cargo colaborará con los trabajos de la comisión en la medida en que sea requerida, y destacó la atmós-fera de confianza y empatía que este primer paso ha generado entre los padres de los normalistas y los funcionarios federales.

Tania Reneaum, directora ejecutivas de Amnistía Internacional México, destacó que el acto representa –a diferencia de lo que sucedió en la pasada administración federal– una apertura al diálogo entre el gobierno y las familias de las víctimas, así como un paso de absoluta transparencia que no sólo da legitimidad (a las investigaciones que se realicen), sino que implica un compromiso de Estado para llegar a la verdad.