La comisión creada por decreto presidencial para el caso Iguala es un ejercicio sin precedente que incluye el pago de recompensas y beneficios a las personas que aporten información, aun aquellas que están en prisión, para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en septiembre de 2014.

Diseñaremos una política de incentivos para personas físicas que detenten información sobre el caso, incluyendo a las que se encuentran privadas de la libertad. Vamos a crear la figura de posibles colaboradores eficaces en el desarrollo de la investigación, señaló Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa.

Explicó que no es una comisión de la verdad, sino un mecanismo extraordinario con sustento legal cuyas resoluciones serán vinculantes en las investigaciones judiciales. Se trata, comentó, de un hecho insólito en la historia del país.

Si bien retoma algunos elementos de instrumentos similares, como la Comisión de la Verdad para Guerrero (creada para analizar crímenes de la guerra sucia en esa entidad) o de la Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (instaurada por Vicente Fox y uno de cuyos mayores aportes fue el proceso contra el ex presidente Luis Echeverría), inaugura un modo distinto de intervención gubernamental para casos de desaparición forzada.

El punto de partida de este trabajo, explicó Encinas, serán los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; las investigaciones del Equipo Argentino de Antropología Forense; los informes de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Además, las investigaciones de la PGR; las sentencias del Poder Judicial, como la del tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas (que ordenó reponer la investigación), así como de los organismos internacionales y al mismo tiempo se avanzará en las líneas de investigación que la nueva comisión genere.

La integración

Presidida por Gobernación, la comisión estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores y de Hacienda, ambos con sus respectivos suplentes.

Por parte de los padres participarán Emiliano Navarrete Victoriano, Mario César González Herández, Cristina Bautista Salvador, Hilda Legideño Vargas y María Martínez Zeferino.

Por las organizaciones civiles participarán representantes de los centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Santiago Aguirre Espinosa) y de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Vidulfo Rosales); Servicios y Asesoría para la Paz (Miguel Álvarez Gándara) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación (Humberto Guerrero Rosales).