Guatemala. Miles de guatemaltecos bloquearon este lunes varias carreteras del país en rechazo a la decisión del presidente Jimmy Morales de finalizar el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) en Guatemala y las acusaciones de corrupción en su administración.

El nuevo presidente del Congreso guatemalteco, Álvaro Arzú Escobar, dijo que la Cicig es historia; es otro experimento fallido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), agregó.

Los bloqueos comenzaron en los departamentos de Alta Verapaz, Quiché, Quetzaltenango, Totonicapán, Chiquimula y Petén, indicó Daniel Pascual, líder indígena y campesino.

Mientras, una marcha avanzaba por la capital guatemalteca.

Los bloqueos coincidieron con la entrega del tercer informe de gobierno de Morales, que blindó el centro histórico de la capital con 7 mil policías y militares para evitar que los manifestantes se acercaran al Congreso.

En su informe, Morales obvió el tema de la Cicig y aseguró que su gobierno ha luchado contra la corrupción, y pidió unidad los guatemaltecos para defender la soberanía del país.

En su discurso de inauguración de la junta directiva del Congreso, Arzú Escobar afirmó que los años de injerencia extranjera se van a acabar, y mencionó que se deben replantear los términos de la relación con la ONU.

Esta es la segunda protesta a la decisión de Morales anunciada el 7 de enero, de poner fin de manera unilateral e inmediata a la Cicig, pese a que él mismo firmó en 2016 su permanencia en el país hasta septiembre de 2019.

Morales se distanció de la Comisión en enero de 2017, cuando este órgano y la fiscalía detuvieron a su hijo y a uno de sus hermanos por el uso de documentos y facturas falsos para la compra de canastas navideñas de una institución pública que se pagaron, pero no se entregaron.

En agosto de ese año Morales comenzó a atacar a la Comisión, cuando ésta y la fiscalía pidieron el retiro de la inmunidad del presidente por financiamiento anónimo del partido que lo llevó al poder en 2015. Morales fue protegido entonces por el Congreso, que evitó que fuera investigado.

En respuesta, Morales declaró persona no grata y expulsó del país al director de la Cicig, Iván Velásquez, pero la Corte de Constitucionalidad suspendió la expulsión.