Amnistía Internacional (AI) dijo ayer que el modelo de la Guardia Nacional (GN) y el Plan de Paz y Seguridad 2018-2024 propuesto por el Ejecutivo federal, es muy semejante al de sexenios anteriores, pero con otro nombre.

Por su lado, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHVitoria) pugnó por una GN que esté integrada por corporaciones civiles y bajo su mando, tras criticar el modelo propuesto en la iniciativa que se discute en la Cámara de Diputados porque es contrario a un estado democrático de derecho.

Representantes de ambas instancias participaron en la última mesa de las audiencias públicas que se realizaron en el palacio legislativo de San Lázaro sobre el tema de la Guardia Nacional, durante las cuales se hicieron diversas propuestas que habrán de ser analizadas por los legisladores a partir del próximo lunes para elaborar reservas al dictamen publicado.

Miguel Concha Malo, director del CDHVitoria, señaló que las facultades y protagonismo concedido a las fuerzas armadas en la integración de la nueva institución se traducen en un reconocimiento de la incapacidad por parte de las autoridades civiles para hacer frente a los retos de inseguridad que aquejan al país, lo cual es jurídica y políticamente muy peligroso.

Tal situación debilitará la atención y fortalecimiento de los cuerpos policiacos, generando con ello una mayor dependencia e injerencia por parte de la milicia en tareas que corresponden a instituciones y autoridades civiles, añadió.

Por responsabilidad política, la GN debe estar integrada por corporaciones civiles y bajo su mando, aunque coadyuven en ella temporalmente fuerzas militares, tomando en cuenta las circunstancias particulares de cada caso, estimó Concha Malo.

Ante diputados y senadores reunidos en un salón de San Lázaro, pidió que en la integración del dictamen de la iniciativa de la Guardia Nacional no se soslaye la urgente necesidad de capacitar y profesionalizar a las corporaciones civiles de seguridad pública a todos los niveles, enfatizando en la salvaguarda de los derechos humanos con perspectiva de género.

Para aquellos casos en que se justifique la participación de las fuerzas armadas, es indispensable que se fije una temporalidad que no vaya más allá de tres años, toda vez que esa tarea debe ser excepcional y no permanente. Es necesario un plan de retiro paulatino, verificable y de sustitución por civiles, enfatizó.

Luz Marcela Villalobos, vocal del comité directivo de AI, destacó que debido a que el mando operativo será militar y a que estará integrada por policía naval y del Ejército, la GN tendrá un perfil castrense.

También resaltó que hay amplia evidencia de que el despliegue de las fuerzas armadas ha sido acompañado con un aumento de violaciones a los derechos humanos y en las tasas de violencia. Añadió que los integrantes del Ejército y la Armada han tenido miles de capacitaciones en derechos humanos, pero eso no ha frenado las transgresiones a éstos.

Lo que se requiere es una reformulación del enfoque de seguridad que apueste por el fortalecimiento de las policías civiles, enfatizó Villalobos.