etróleos Mexicanos (Pemex) ha sido nodriza del empresariado nacional y trasnacional, como señaló en su momento Heberto Castillo. Ha sido también la fuente principal de ingresos fiscales para el gobierno. Se sabía ampliamente de las riquezas privadas que se habían desarrollado al amparo de esa empresa. Pero ahora conocemos que se convertido, desde los pasados tres sexenios, en una de las fuentes principales que alimenta no sólo al crimen organizado, sino un conjunto de actividades económicas ilegales. Y que cuenta con redes y complicidades en todos los altos escalones de la compañía y en varios segmentos del sector privado y de la sociedad.

Rafael Segovia, en su texto La crisis del autoritarismo modernizador (Lapidaria política, FCE, 1996), señalaba agudamente que la función del Estado mexicano ha venido creciendo incluso en contra de su voluntad; la multiplicación y diversificación de los grupos sociales y económicos ha dejado a lo largo del camino modernizador una trama de residuos institucionales engastados en el aparato estatal. Tratar de librarse de ellos equivale a arrancar una planta trepadora que sostiene el viejo edificio que en parte ha destruido.

Fernando Escalante, quien cita este texto, añade que esos residuos institucionales eran, según Rafael Segovia, los instrumentos para articular y agregar intereses, para ordenar el proceso de cambio social, para hacerlo gobernable. Pero precisa que esos residuos institucionales, a los que Segovia se refiere como los procesos de cooptación y socialización de las élites políticas, incluidas la empresarial, obrera, campesina, y las instituciones mediante las que se incorporan al sistema político, son en realidad “los recursos de gobernabilidad del régimen revolucionario –el andamiaje político de la sociedad mexicana”.

El problema es que la transición mexicana debilitó el eje de la gobernabilidad del régimen autoritario sin generar una nueva forma de relación entre los poderes, y entre éstos y los ciudadanos. El estancamiento económico, las dificultades para procesar acuerdos, el desmoronamiento del centro político y el fortalecimiento de poderes paralelos al poder del Estado generaron una forma de régimen especial. Lo característico es el desmadejamiento del poder del Estado y la captura de áreas completas de la intervención estatal por parte de grupos de interés, incluyendo de manera prominente el crimen organizado. Se trata de un estado parasitado por grupos rentistas que extraen excedentes y privilegios.

Desde luego que en el combate al huachicol de afuera y de adentro, que parece ser la madre de todas las batallas contra la corrupción, ha habido errores de implementación, de logística y de comunicación política. La dimensión del combate no las justifica, acaso apenas las explica.

Pero no debe olvidarse la muy pertinente advertencia que hace Escalante contra lo engañosa que podría ser la metáfora del edificio y las trepadoras: “El sistema necesita siempre alguna clase de ligadura jurídica, pero se puede crear a propósito para legitimar situaciones de hecho… Es decir, que en ocasiones lo que había sólido eran los arreglos políticos, las formas de negociación, y lo adventicio era el Estado moderno, racional”.

Escalante concluye que la ilusión de que había un edificio resistente, sólido, capaz de sostenerse, fue seguramente lo que movió el intento de arrancar las trepadoras (Pasado porvenir/Noticia del naufragio, Ediciones Cal y Arena, 2018).

O como señaló alguna vez un fiscal del Tribunal Supremo de España con otro interesante símil. La locomotora México tiene potencia, pero avanza más lentamente porque arrastra tres vagones. En el primero va el de clase mundial, en el segundo va el de la delincuencia, de la corrupción, y en el tercer vagón va el de la pobreza y la desigualdad.

El punto clave es cómo desenganchar el segundo vagón para realmente jalar el tercero sin destruir la locomotora.

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