La recomendación de la CNDH a cuatro dependencias por incumplir con el derecho a un medio ambiente sano al no restringir el uso de plaguicidas de alta peligrosidad, es un precedente a favor de comunidades rurales, ejidales e indígenas de la península de Yucatán y otras zonas de México, señalaron ecologistas.

Las secretarías de Medio Ambiente y de Agricultura, así como a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, informaron que la aceptaban.

Un grupo de 40 ciudadanos presentó diferentes escritos ante la CNDH, entre julio y agosto de 2017, explicó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y la cooperativa apicultora U Lol Che.

Este es un primer paso para frenar el uso de agroquímicos altamente tóxicos y mortales para ecosistemas vitales que forman parte del sustento económico y de vida de miles de familias, señalaron.

Tan sólo en la península de Yucatán, agricultores, apicultores y ejidatarios han sido afectados por la utilización desmedida de plaguicidas prohibidos en otros países, pero tolerados en México y fomentados por las instancias gubernamentales, afirmó Luis Alberto Cauich, secretario de la cooperativa de apicultores U Lool Che, en el municipio de José María Morelos, Quintana Roo.

En la recomendación divulgada el miércoles, la CNDH convocó a armonizar las disposiciones administrativas secundarias, manuales de organización y procedimientos internos, tomando en cuenta lo estipulado en los Convenios de Estocolmo, Rotterdam y el Protocolo de Montreal, así como por organismos internacionales, como la FAO, la OMS y la Red de Acción en Plaguicidas.

Las organizaciones informaron que en estados como Yucatán, Campeche y Quintana Roo las experiencias derivadas del uso de plaguicidas y agroquímicos han sido trágicas. En Campeche, el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes ha denunciado que la deforestación, la siembra de soya transgénica y las fumigaciones a estos cultivos han dañado la economía y salud de la población.

El caso más reciente de ecocidio se registró en agosto de 2018, en cinco ejidos de José María Morelos en donde la fumigación a un cultivo de chile habanero provocó la muerte masiva de millones de abejas, dañando la economía de decenas de familias indígenas.

Greenpeace, una de las organizaciones quejosas, destacó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que esas dependencias han sido omisas en proteger y garantizar los derechos humanos a la alimentación, al agua salubre, al medio ambiente sano y a la salud de la población.