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Prepara el IFT controversia constitucional por recorte
 
Periódico La Jornada
Viernes 11 de enero de 2019, p. 24

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) informó que interpondrá una controversia constitucional contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, por considerar que se vulnera la función regulatoria de este órgano autónomo. El recurso también apunta a las disposiciones que derivan en la reducción de salarios a funcionarios públicos.

En un comunicado, el órgano expuso que el recorte de 280 millones que la Cámara de Diputados aprobó al presupuesto solicitado, sumado a la reducción de 14.8 por ciento en términos reales que se propuso en el proyecto que el pleno del IFT turnó a Hacienda, resulta en una reducción total de un cuarto de los recursos con los que se trabajó en 2018.

En este contexto y tras un análisis responsable, el pleno del IFT aprobó interponer una controversia constitucional contra el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, por considerar que se vulnera la función regulatoria de este órgano autónomo, prevista en el artículo 28 de la Constitución, argumentó.

Indica que la pérdida real del presupuesto es de 37 por ciento con respecto a 2014, año en que empezó a operar el IFT. “Desde su creación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones ha cumplido cabalmente con su mandato constitucional y (…) ha ejercido el presupuesto asignado atendiendo los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público”, se reprocha en la comunicación.

El órgano encargado de la regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión, expone que el recurso también es contra disposiciones del PEF 2019 que se relacionan con las remuneraciones de los servidores públicos, por considerar que no se ajustan a lo dispuesto por la Constitución.

Con este recurso legal, el IFT busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, su autonomía presupuestal, expone.

Con dicha controversia constitucional el instituto se suma a otros órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral, que han comenzado a buscar recursos legales para revertir la reducción de dinero público que tendrán en 2019.