Falta de personal y materiales
No hay suficiente inversión en servicios periciales
Lunes 7 de enero de 2019, p. 23
Tlalnepantla, Méx., En el estado de México hay 3 mil 275 cadáveres sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de los municipios del área metropolitana, de acuerdo con cifras oficiales. Los llamados muertos sin nombre
son enviados a la fosa común porque los Semefo carecen de peritos en genética, de material especializado y de personal para identificaciones, además de la burocracia que priva en esos centros, afirmaron colectivos defensores de derechos humanos.
Un tatuaje en forma de corazón del lado izquierdo de la cadera distinguió el cuerpo de una joven de entre 14 y 16 años de edad que fue sepultada en la fosa común del panteón de San Lorenzo, municipio de Zumpango, donde al menos 14 personas fueron inhumadas como no identificadas
.
El cuerpo del tatuaje estaba junto al de Ximena Sánchez Aranda, de 16 años, exhumada el 12 de diciembre de 2018, tras seis meses de peregrinar de sus padres por distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para ubicar, identificar, exhumar y sepultar con su nombre a la adolescente del municipio de Melchor Ocampo.
El mismo día en que Ximena fue ubicada en registros del Semefo de Zumpango, a mediados de julio pasado, la FGJEM emitió la cédula de su búsqueda. Su familia denunció la desaparición desde el 15 de mayo ante el Ministerio Público.
Los trabajadores del centro de justicia de Zumpango que atendieron a los padres de Ximena son los mismos que tienen a su cargo las carpetas de investigación de 13 cuerpos sin identificar sepultados en la fosa común de San Lorenzo, señala la activista Verónica Villalvazo, conocida como Frida Guerrera.
“Lo que pasó con Ximena es similar a lo que pasó con Calcetitas Rojas, donde podemos ver la gran falta de interés por parte de las autoridades para emitir fichas de identificación de hombres, mujeres y niños que se encuentran desaparecidos o están en los Semefo”, afirma.
La niña de cuatro años identificada como Calcetitas Rojas fue encontrada muerta en un camellón de la avenida Bordo de Xochiaca, en Nezahualcóyotl, el 18 de marzo de 2017. El feminicidio iba a quedar impune y el cuerpo en la fosa común; Frida Guerrera hizo posible su identificación
Para ellos (la FGJEM) fue más fácil sepultar a la niña en una tumba privada que buscar a su familia
, expresó Frida. La menor fue inhumada en el panteón Parque Memorial de Naucalpan el 2 de mayo de 2017.
La organización Siguiendo Tus Huellas, que preside Frida, impulsó la campaña de difusión con una cédula de identidad de la menor que el colectivo elaboró, con el aval forzado de la fiscalía.
La artista forense Alejandra Arce hizo un dibujo de la niña con imágenes de su cuerpo, destacando las calcetas rojas que vestía. La madre y padrastro están presos por feminicidio.
Alan Fernando Alabat Montoya, de 20 años, estudiante del Instituto Tecnológico de Tlalnepantla, detenido presumiblemente por policías de Cuautitlán Izcalli en la lateral de la autopista México-Querétaro el 7 de diciembre de 2018, fue encontrado atropellado y sin vida al día siguiente en esa vía.
Su cuerpo estuvo tres días en la morgue de Tlalnepantla, donde sus familiares ya lo habían buscado, pero les dijeron que ahí no estaba. Compañeros del estudiante difundieron en redes sociales y medios de comunicación su fotografía. Después la FGJEM lo ubicó en el forense.
Al dolor de la ausencia de un familiar se suma la falta de información y pericia para revisar archivos en el Semefo y terminar con búsquedas de días y meses, y los cuerpos terminan en la fosa común, expresó María Elena Rojas Salinas, del colectivo Mujeres Unidas Estado de México, nos Están Matando.
La fiscalía dice que hay avances e inversiones millonarias en servicios periciales, archivos, bases de datos, pero la realidad es otra, sostiene Rojas Salinas, porque no hay archivos dactiloscópicos, las pruebas de genética tardan, fallan los protocolos y no hay sensibilidad ni trato humanitario para los dolientes
.
Otro caso es el un niño de entre uno y dos años de edad, encontrado el 4 de octubre pasado en una obra negra del pueblo de Santiago Teyahualco, en Tultepec. El pequeño cuerpo tenía huellas de maltrato. Continúa sin ser identificado pese a que un dibujo de su rostro, elaborado por Alejandra Arce, se difunde en medios de información y redes sociales.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios manifiesta que en el estado de México, a pesar de que ocupa el primer lugar nacional en asesinatos de mujeres, persiste la falta de registros de cuerpos no identificados.
Añade que el observatorio da seguimiento a los casos de mujeres desaparecidas que fueron localizadas, pero en la FGJEM existe desorganización porque no hay registros de los cadáveres no identificados; por eso los mandan a la fosa común
, advierte.
Agentes del Ministerio Público (MP) aceptan que existen retrasos de días o meses para integrar pruebas periciales a las carpetas de investigación y lo atribuyen, entre otros factores, a que la FGJEM no invierte en áreas de servicios periciales y concentra peritos en Toluca o en la fiscalía regional.
Las fiscalías regionales de Nezahualcóyotl, Texcoco y Ecatepec sólo tienen un perito en genética, que regularmente no tiene material para trabajar. Necesita un reactivo especial y en ocasiones los familiares ofrecen pagar a particulares para obtener la prueba
, añaden.
Un reactivo cuesta 25 mil pesos y un perito privado en genética cobra entre 40 y 50 mil pesos, refieren agentes del MP.
Los cuerpos permanecen dos meses en el Semefo, y en ese tiempo se integran las carpetas de investigación; pero tampoco existe personal especializado. Las agencias del MP, en su mayoría, no cuentan con médico legista, peritos en criminalística y en fotografía, entre otros.
Además, los investigadores deben desplazarse a distintas áreas de la FGJEM para obtener las pruebas periciales, y muchas veces con sus propios recursos. Cumplimos protocolos que nosotros financiamos. No somos indolentes
, atajan los servidores públicos.