Guanajuato, Gto., De 2012 a septiembre de 2018, el Congreso local interpuso 293 denuncias penales por presuntos quebrantos financieros en municipios, dependencias estatales y en la Universidad de Guanajuato (UG), pero sólo 12 casos llegaron ante el Poder Judicial.

Del total de las denuncias presentadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), sólo 4 por ciento llegó ante un juez. Los presuntos ilícitos fueron detectados en revisiones de la Auditoría Superior del Estado.

Se desconoce el monto de los presuntos quebrantos por las 293 querellas porque la Unidad de Acceso a la Información Pública del Congreso estatal no proporcionó ese dato, a pesar de que fue solicitado.

Por su parte, comunicación social del Poder Judicial informó que en los seis años y nueve meses recientes se judicializaron 12 casos por presunto peculado que oscilan entre 31 mil 800 y 779 mil pesos. Los montos son variados; van desde disposición indebida de herramientas de trabajo como radios de comunicación y cámaras fotográficas, hasta uso indebido de tarjetas de gasolina y disposición indebida de cheques, detalló.

Por los 12 procesos penales iniciados los jueces emitieron dos sentencias, una de pena corporal de dos años y ocho meses, y otra de dos años y cuatro meses de prisión. Es decir, de las denuncias presentadas por el Poder Legislativo, sólo 0.6 por ciento terminó en sentencia condenatoria.

Dos de los juicios fueron sobreseídos por la extinción de la acción penal y por la muerte del inculpado; dos se sobreseyeron por el cumplimiento de un convenio restaurativo, y en dos casos se decretó auto de no vinculación a proceso.

El Poder Judicial informó que en un caso se emitió sentencia absolutoria y una causa se encuentra en trámite, cuyo plazo de investigación vence el 10 de enero de 2019. No se refirió a las otras dos denuncias.

En el gobierno de Miguel Márquez Márquez (2012-2018), el Poder Legislativo presentó dos denuncias por irregularidades en el manejo del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, y dos contra el Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg) por bienes no localizados, así como por uso de documentos falsos.

Los diputados aprobaron interponer tres denuncias por bienes no localizados en la UG y en la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural.

La información que emitió el Poder Judicial no concuerda con la PGJE, la cual dio a conocer que dos ex funcionarios de Celaya y del estado fueron sentenciados por enriquecimiento ilícito y peculado de casi 5 millones de pesos.

En octubre pasado, la dependencia informó que el ex director administrativo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Celaya, José David N, fue sentenciado a purgar seis años y tres meses de cárcel por un desfalco de 4 millones 713 mil pesos.

Asimismo, la procuraduría indicó que Francisco Javier N, ex coordinador operativo de la tesorería del Isapeg, fue sentenciado a dos años de prisión por desviar 132 mil 940 pesos, dinero que fue reintegrado al erario.

Dos de las denuncias se refirieron al municipio de Abasolo; seis al de Acámbaro e igual número a Apaseo el Alto; a Celaya, 11; Comonfort, cuatro; Coroneo, cinco; Cortázar, una; Cuerámaro, una; Doctor Mora, 12; Dolores Hidalgo, dos; Guanajuato, cuatro; Huanímaro, cinco; Irapuato, dos; Jaral del Progreso, cuatro; Jerécuaro, seis; León, 39; Manuel Doblado, una; Pénjamo, cuatro; Pueblo Nuevo, 23; Romita, dos; Salamanca, dos; Salvatierra, 12; San Diego de la Unión, una; San Felipe, dos; San Francisco del Rincón, dos; San José Iturbide, dos; San Luis de la Paz, cinco; San Miguel de Allende, 24; Juventino Rosas, tres; Santiago Maravatío, cinco; Silao, cuatro; Tarandacuao; cuatro; Tarimoro, 34; Tierra Blanca, seis; Valle de Santiago, cinco; Victoria, tres; Villagrán, 20; Xichú, 10 y en Yuriria, dos.

Las 39 denuncias contra el gobierno de León correspondieron al trienio 2012-2015, que encabezó la alcaldesa priísta Bárbara Botello Santibáñez.

En octubre de 2017, el procurador Carlos Zamarripa Aguirre solicitó al Congreso de la Unión el desafuero de la entonces diputada federal Bárbara Botello, a quien acusó de un peculado por 1.5 millones de pesos.

La PGJE señaló que la ex alcaldesa firmó contratos con las empresas Participación en Proyectos, Advise Experts Trilogy y Asesoría Especializada Especta Aeesa, que no presentaron los trabajos por los que cobraron 1.5 millones de pesos.

El Poder Legislativo interpuso 24 denuncias contra el gobierno de San Miguel de Allende 2012-2015, que encabezó el priísta Mauricio Trejo Pureco. Dos de las denuncias implican al gobierno del edil panista Ricardo Villarreal García.

En septiembre anterior, el tesorero de San Miguel de Allende entre 2012 y 2015, Jaime Labrada Araiza, fue vinculado a proceso penal porque tomó dinero sin justificación alguna, y de forma anómala lo desvió del fin al que estaba destinado, informó la PGJE.