Washington. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó que considera aplicar la Carta Democrática contra Nicaragua, mecanismo que puede implicar su suspensión del organismo, tras la denuncia de la CIDH de que el gobierno de Daniel Ortega cometió crímenes de lesa humanidad.

Al presentar ante el Consejo Permanente de la OEA el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Nicaragua (GIEI), la comisión denunció igualmente la intensificación de la campaña de represión oficial contra opositores del gobierno.

Nos vemos obligados a empezar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, dijo Almagro, pues la lógica de la dictadura está definitivamente instalada en Nicaragua.

El secretario general se expresó durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, convocada por Argentina, Canadá, Chile, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos.

La Carta Democrática de la OEA se aplica cuando hay una alteración o una ruptura del orden democrático y puede desembocar en la suspensión de un miembro.

El artículo 20 faculta al secretario general o cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.

Si la Asamblea General, convocada para un periodo extraordinario de sesiones, constata la ruptura del orden democrático en uno de los países miembros y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, puede decidir su suspensión de la OEA con el voto afirmativo de los dos tercios de los integrantes.

Durante la sesión de este jueves, la vicepresidenta de la CIDH (ente autónomo de la OEA), Esmeralda Arosemena de Troitiño, llamó a considerar el cumplimiento de las condiciones que hacen aplicable la Carta Democrática Interamericana en este caso.

La embajadora argentina, Paula Bertol, indicó que muchos miembros están pensando en su aplicación porque estamos hablando de terrorismo de Estado.

El representante colombiano, Alejandro Ordóñez, apremió a la aplicación de la Carta.

Una ola de protestas iniciada el 18 de abril contra una reforma al seguro social que derivó en un movimiento para exigir la renuncia del presidente Daniel Ortega generó una dura represión que según la CIDH ha dejado 325 muertos y 400 detenidos.

Para investigar las denuncias, la CIDH conformó el GIEI y el Mecanismo Especial para Nicaragua, que se desplazaron al país, pero fueron expulsados por el gobierno de Nicaragua el 19 de diciembre.

Almagro denunció que los nicaragüenses han sido despojados de todo mecanismo de denuncia.

Sean dignos, ya han perdido la credibilidad de la comunidad internacional, no pierdan la dignidad revolucionaria que alguna vez tuvieron, señaló Almagro.