Madrid. Los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgarán a los líderes catalanes independentistas decidieron dividir la causa en dos, con lo que los 12 acusados de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia serán procesado en Madrid, mientras los otros seis, que sólo enfrentan el cargo de desobediencia, serán juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si se cumplen los plazos previstos por el procedimiento, el histórico juicio comenzará a finales de enero.

La cúpula que impulsó la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre de 2017, así como la aprobación de las leyes de desconexión y de transitoriedad, con las que pretendían dar cobertura jurídica a la secesión, serán procesados en Madrid por el juez Manuel Marchena, próximo al derechista Partido Popular y que había sido recusado por las defensas de los acusados por su presunta parcialidad.

Por primera vez estarán en el banquillo de los acusados los dirigentes del independentismo catalán acusados de delitos que les podrían acarrear penas hasta de 12 años de cárcel.

Los 12 acusados que enfrentan tres cargos son el ex vicepresidente de la Generalitat de Cataluña Oriol Junqueras; los ex consejeros Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolores Bassa, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila; la ex presidenta del Parlamento Carme Forcadell; el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Todos ellos, con excepción de Carles Mundo y Santiago Vila, se encuentran en prisión provisional desde hace poco más de un año. En la causa se juzgará en rebeldía a los dirigentes que se encuentran en situación de fugados, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, quien permanece en Bélgica desde hace más de un año.

Los otros seis procesados son los ex miembros de la Mesa del Parlament Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet Santacana y Joan Josep Nuet, y la ex diputada de la Candidatura de Unitat Popular, Mireia Boya.

El auto del tribunal advierte que la instrucción está concluida y la delimitación de los hechos por los que se formula acusación ha sido ya realizada en los escritos formalizados por todas las partes. Carece de sentido, por tanto, ampliar de forma innecesaria el objeto del proceso añadiendo hechos y procesados que son susceptibles de un tratamiento individualizado, además de hacer referencia a la petición de un traductor del catalán al español y a la supuesta cercanía del tribunal de sus viviendas.

A este respecto, los magistrados advierten que hacer depender el derecho a un proceso justo de la distancia entre la sede del propio domicilio y la del órgano jurisdiccional o del uso de la lengua materna por los profesionales que asumen la defensa, conduciría al sinsentido de negar que ese derecho tenga vigencia, por ejemplo, en los casos que se ventilen en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.