Con una votación unánime que resultó la más alta para una reforma constitucional, la Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado que declara imprescriptible la extinción de dominio y que ordena aplicar esa figura no sólo para delincuencia organizada, sino también en casos de corrupción y robo de combustibles.

El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó con 474 votos en favor, cero en contra y cero abstenciones y, por tratarse de una reforma a la Constitución, se envió a los congresos de los estados para su ratificación.

Miroslava Carrillo Martínez (Morena), presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó en tribuna que la concepción y principios de la extinción de dominio se fortalecen.

Incluso, esta figura se aplicará para cubrir el pago de multas, impuestos o cuando sea decretada por una autoridad para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un ilícito, entre otras.

La extinción de dominio se ejercerá mediante un procedimiento jurisdiccional y autónomo sobre los bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción o actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público, explicó la legisladora.

La reforma considera que la acción de extinción de dominio será ejercitada por el Ministerio Público mediante un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del juicio penal. Se pretende que sea eficaz, viable y realizable. Es considerada de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido.

También se precisó que la acción de extinción de dominio no reprime la realización de conductas penales y, en consecuencia, no es en sí misma un castigo a quien ha violado una norma penal, además de que como forma parte de la estrategia de seguridad pública, se aplicará para atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado.

Para la legisladora, ese propósito es fundamental, porque se busca acabar con la corrupción y los delitos al desalentar la capacidad operativa de la delincuencia organizada.

La reforma señala que la extinción de dominio se ejercerá sobre bienes de carácter patrimonial de los que no se compruebe su legítima procedencia en la investigación de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita (lavado), contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas, encubrimiento y en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos.